"Se está premiando una falta de puntería", dijo Analía Abreu, abogada de la familia de Jonatan Herrera, asesinado por policías mientras lavaba su auto en barrio Tablada, al reclamar que se revoque el juicio abreviado que condenó a tres años de prisión a uno de los imputados. En ese sentido, la familia exigió a la Cámara Penal que los cinco agentes implicados lleguen al juicio oral y público, programado para noviembre. En tanto, el fiscal Adrián Spelta aseguró que el imputado no estaba en la línea de disparos mortales, por lo que cambió su acusación de tentativa de homicidio a abuso de armas, algo que aún que no se explica la familia. El acusado reconoció que hacía 15 días estaba en funciones cuando participó del crimen. Los camaristas Daniel Acosta, Carlos Carbone y Carina Lurati resolverán en los próximos días si validan la sentencia. La angustia durante la audiencia hizo que la madre de la víctima deba ser atendida por personal médico del tribunal, ante una descompostura.

Tras la feria judicial, la familia de Jonatan volvió a reclamar justicia en las puertas de Tribunales por el brutal homicidio del joven de 22 años. A fines del mes pasado también alzaron los carteles de "no al juicio abreviado", cuando la fiscalía ordenó la quinta detención en el marco de la causa, un año y medio después del hecho: la policía Gladys Galindo fue imputada como autora de uno de los dos disparos mortales y el juez Gonzalo López Quintana ordenó la prisión preventiva sin plazo.

A las tres de la tarde del 4 de enero de 2015, Jonatan estaba en la vereda de su casa cuando personal del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica irrumpió la tranquilidad del domingo con una persecución. Tres balas le dieron a Jonatan, quien atinó a esconderse detrás de un árbol, pero no logró salvar su vida.

Una semana después fueron detenidos los policías de la PAT Ramiro Rosales, como el autor de uno de los disparos mortales que ingresó por una pierna y tocó una arteria vital, y los agentes Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez, por tentativa de homicidio. Sin embargo, este año Spelta cambió la calificación penal del delito cometido por Gálvez, al determinar que no tiró contra el cuerpo de Jonatan. Con el desacuerdo de la familia de la víctima --querellante en la causa-- cerró un acuerdo abreviado con el imputado a la pena de tres años de prisión por un delito menos gravoso: abuso de armas. El aval que prestó el juez López Quintana fue rápidamente apelado por las abogadas Abreu y Cintia Garcilazo, el representación de María Elena, la mamá del joven. Además, siempre mantuvieron el reclamo de que se investigará en profundidad porque entendían que había más personal implicado.

Mientras esperaban fecha de audiencia en la Cámara Penal, a fines de junio, Spelta ordenó la detención de la oficial Galindo, debido a que con una nueva pericia pudo determinar quién disparó la otra bala mortal, que dio en el cráneo de Jonatan y quedó incrustada en la pared de su casa.

Por aquellos días, como ayer, el fiscal Spelta exhibió un croquis de Balística y reveló que la mujer de 35 años iba como acompañante de uno de los móviles del Comando que seguía al presunto autor del robo en una juguetería de San Martín y bulevar Segui. Cuando llegaron a la esquina de Ayacucho, redujeron al presunto ladrón, pero personal de PAT que viajaba en un colectivo de línea decidió bajarse y disparar hacia donde Jonatan lavaba su auto. Cuatro agentes de esa repartición fueron acusados.

En su teoría del caso, el fiscal consideró que Gálvez no tiró al cuerpo de Jonatan; mientras que la familia apuntó a la intención de dar en ese blanco, por lo que reclaman que se vuelva a la calificación de tentativa de homicidio. Por ello, exigen que los cinco policías vayan a juicio oral para "poder construir la verdad histórica del hecho que implica a todos los imputados".