En el marco del XII Congreso Nacional y V Internacional sobre Democracia, el pasado miércoles en la Facultad de Ciencia Política, tuvo lugar la mesa redonda "La gestión de la seguridad: sobre el rol de las agencias de control social y los medios de comunicación en torno a la cuestión penal". Las promesas no cumplidas del nuevo sistema penal, el evangelismo en las prisiones santafesinas, la construcción mediática del delincuente y la intervención policial en la ciudad fueron algunos de los ejes desarrollados por investigadores y docentes de la Universidad Nacional de Rosario.

"Nuevo sistema procesal penal de la provincia de Santa Fe: ¿Más derechos y más seguridad?" fue la ponencia que abrió el encuentro y estuvo a cargo de Francisco Broglia. El docente de la Facultad de Derecho y defensor público recordó dos objetivos principales que el actual Código Procesal Penal provincial persiguió antes de entrar en vigencia hace poco menos de dos años: "Hacer más eficiente la investigación y la sanción de los delitos, en pos de perseguir una mayor eficiencia en la seguridad, y garantizar de la mejor manera los derechos de las víctimas y de aquellas personas que están sometidas a proceso". Para Broglia, estos fines actualmente no se cumplen; y es a raíz de estos incumplimientos que propuso abordar los conceptos de "sobrecriminalización" y "desprotección", postulados por Eugenia Cozzi, Enrique Font y María Mistura.

El docente explicó la "sobrecriminalización" como una "interacción violenta del sistema penal con las personas de sectores populares". Recordó que el nuevo sistema penal había prometido que la policía iba a estar limitada por la propia Justica al aparecer el fiscal dirigiendo la investigación y que, por otro lado, se realizarían investigaciones más eficientes y menos "selectivas". "Esto no se cumplió -indicó-. Sigue siendo la policía la que define cuáles son las causas que le interesan al nuevo sistema mientras que la presencia de los fiscales se circunscribe, en la mayoría de los casos, a esperar lo que la policía envía a sus oficinas".

Broglia expresó que no sólo se reitera el perfil del procesado, sino que además se repiten los nombres de los que salen y (re)ingresan al sistema, configurando lo que se ha denominado como "jóvenes de propiedad policial". Asimismo, advirtió que la prisión preventiva sigue siendo "un anticipo de pena" porque funciona como una medida extorsiva para aquel que está sometido a un proceso, obligándolo a que "termine cerrando una causa a través de un juicio abreviado, a veces sin pruebas en contra".

Y brindó un dato significativo: durante los últimos diez años la tasa de encarcelamiento en la provincia se duplicó (de dos mil presos a cuatro mil). Sin embargo, dijo que "no hay que mirar solamente el número de las personas que están detenidas, también hay que observar el número dinámico; es decir, considerar todas las personas que entran y salen de prisión", y al mismo tiempo "habría que medir la gran cantidad de jóvenes que pasan por comisarías y que no quedan registrados".

El concepto de "desprotección" lo vinculó a la "desatención de las victimizaciones de quienes viven en sectores populares". En este aspecto, consideró que no existe una intervención seria sobre los problemas de violencia institucional y destacó que sólo dos de cada diez homicidios se logran esclarecer en la ciudad. "Esto tiene mucho que ver -sostuvo- con quiénes son los victimarios y las víctimas en estos hechos"; y aseveró que estos homicidios muchas veces son expresados por la policía como "ajustes de cuenta". "Esa forma de definirlos, muy presente en los medios, es la forma de encubrirlos bajo una lógica de 'se están matando entre ellos'; esto repercute en el sistema penal, la Fiscalía no agenda estos temas", cerró.

Tras la conferencia del antropólogo Nicolás Barrera "Formas de intervención policial en Rosario. Aproximaciones desde un enfoque etnográfico" (una entrevista a Barrera sobre este tema fue publicada en Rosario/12 el 8 de noviembre de 2014), el doctor en Comunicación Social Mauricio Manchado detalló algunos aspectos de su trabajo de campo -que incluye entrevistas a prisioneros y encargados del sistema penitenciario- sobre la presencia del "dispositivo religioso evangélico pentecostal" en las cárceles de la provincia de Santa Fe.

Para Manchado, el evangelismo dentro de las prisiones argentinas tiene su auge a partir de 1983 con la vuelta de la democracia; fue en aquel entonces cuando afloró una mirada de "apertura" con respecto al sistema penitenciario "rígido" de la dictadura. Hoy en día, este evangelismo pentecostal predomina en las cárceles del país y Santa Fe no es la excepción: según el investigador, de los 1200 detenidos que tiene la prisión de Coronda, el 60 por ciento vive en pabellones iglesias; de los 11 pabellones totales que tiene la Unidad 6 de Rosario, 7 son religiosos.

Para el disertante, esta creencia encuentra su fundamento en "la muerte de un viejo hombre que va a devenir en uno nuevo" y que para ello deberá "estar alejado de todos sus vicios (drogas, delitos), que de alguna manera lo llevaron al lugar en el que está". En cuanto a la estructura de estos pabellones, los caracterizó como jerárquicos y poseedores de reglas propias (no ingerir alcohol o consumir estupefacientes, por ejemplo) que los diferencia de los "pabellones comunes o mundanos".

Según el especialista, con el paso del tiempo se fue haciendo más fuerte la "vinculación entre el sistema penitenciario y las autoridades de este dispositivo religioso, fundamentalmente en poder reducir la conflictividad interna y asegurar y administrar la seguridad de manera mancomunada". "En estos pabellones religiosos el sistema penitenciario puede delegar algunas de sus funciones tradicionales, como garantizar la seguridad o asegurar que 'no exista la novedad'", agregó.

Para finalizar, mencionó algunas "variables" para pensar la efectividad de estos espacios en la gestión integral de la seguridad de la cárcel.

Zulema Morresi dirige desde hace tres años una investigación centrada en la construcción mediática de la figura del delincuente, y algunos de los puntos de este trabajo fueron presentados en la charla "Punitivismo mediático y neoliberalismo. Construcción mediática de la figura del delincuente. El caso del diario La Capital de la ciudad de Rosario".

Siguiendo el pensamiento de Michel Foucault, la docente de la Facultad de Psicología y de la Escuela de Comunicación Social comentó: "A partir de los siglos XVIII y XIX se produce un desplazamiento por el cual los jueces ya no juzgan los delitos sino a los delincuentes; el alma del delincuente es lo que se busca juzgar y no el delito en sí. Este desplazamiento conlleva otro proceso que tiene que ver con el hecho de que, para esto, la Justicia apela a otros saberes o especialistas (como el psiquiatra). Hay una intervención de elementos extrajurídicos dentro del Poder Judicial". En relación a los tiempos que corren y a los medios de comunicación en particular, Moressi advirtió que "la idea de juzgar al delincuente se ve mucho más claramente; es más, los medios no sólo juzgan, sino que también prejuzgan a sujetos que, por su procedencia social y sus historias de vida, ya son marcados como delincuentes antes que la Justicia dé su veredicto".

"Por otra parte -explicó- los medios funcionan como un elemento extrajurídico como fue la psiquiatría en su momento -en relación a su afán de detectar individuos que puedan ser considerados peligrosos-. Desde una posición de exterioridad juzgan el propio procedimiento judicial, o al menos lo presionan o cuestionan. En tanto, en la misma construcción de las noticias, elaboran pericias y dictan sentencias, funcionando como tribunales paralelos a los del Poder Judicial que, si bien no tienen efectos jurídicos, la sentencia social que producen no es menor". Para la investigadora, además, del "criminal tienen necesidad la prensa y la opinión pública; cuando un hecho sucede hay que buscar un criminal", y es en esa búsqueda donde los medios, que tienen una urgencia distinta a la de la Justicia, se apresuran en hallar un culpable en quien se depositarán "todos los odios".