La Justicia dará a conocer hoy el veredicto contra el ex jefe de la comisaría 19º y otros cuatro policías que estaban a su cargo, en 2014, luego de quince días de juicio oral y público, por el que desfilaron unos 50 testigos. Los uniformados están acusados de haber cometido delitos usando la institución policial como un "paraguas de impunidad", según dijeron los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mc Cormack al inicio de las audiencias. Para los funcionarios, será la oportunidad de que los jueces den un mensaje contra delitos "naturalizados" en la policía. Esperan penas altas para lo que calificaron como una asociación ilícita en la que cada acusado tenía un rol esencial.

El comisario principal Guillermo Ruíz Díaz fue sindicado como jefe de una organización a la que los investigadores llamaron "maquinaria delictiva", dedicada a extorsiones, robos, falsedad ideológica, apremios, secuestros extorsivos e incumplimientos, en su función de efectivos de la fuerza. Según acusaron, la asociación contaba con tres componentes: una red preestablecida, un modo organizado de trabajo y una normativa que le daba sustento y determinaba los roles y jerarquías.

Los cinco acusados están presos desde el 23 de agosto de 2014, cuando la División Judiciales de la Unidad Regional II, allanó la seccional de Bulevard Seguí al 5600. Para la Fiscalía, tenían un objetivo claro: "Obtener beneficios económicos". Según establecieron, el jefe era el comisario, cuyo rol se basaba en ofrecer a todos los miembros el paraguas protector de la impunidad, con falsificación de actas. El personal de calle eran Sebastián Farini y Gustavo D'Angelo, acusados de "apretar" a las personas, secuestros y pedidos de coima; mientras que Lucrecia Bustos y José Galván fueron sindicados laderos del comisario. "Las acciones y hechos deberán ser juzgados como una asociación ilícita", resumió Narvaja en los alegatos de apertura del juicio, cuando la defensa de los imputados se opuso a esa acusación.

Uno de los hechos por los que están presos fue perpetrado el 29 de marzo de 2014, en Espinosa y Calchaquí, cuando dos policías del Comando Radioeléctrico hicieron un operativo que terminó con una detención y el hallazgo de un arma. "D'Angelo y Farini rápidamente llegaron al lugar y propusieron cambiar el arma y aprovechar para falsear actas de un allanamiento, a lo que se negaron los del Comando. Farini consultó a la fiscal y ésta ordenó que el detenido siga preso para imputativa. Farini le pidió 3.000 pesos al detenido para dejarlo en libertad. Labraron un acta falsa (con conocimiento del comisario) para decir que el acusado había asistido a su mujer en hecho de robo y que fue detenido por error. Así, otro fiscal le dio la libertad", describieron.

En otro caso, advirtieron que dos personas con antecedentes fueron heridas en una balacera del 16 de marzo de 2014. "Farini se presentó en la guardia y les dijo a los heridos que vayan consiguiendo plata o les armaría una causa". Tras averiguar quiénes fueron los autores, también los coimeó: "Detuvo a uno de ellos y cuando lo llevó a la seccional el comisario y Galván pidieron 30 mil pesos al padre, para liberarlo".

Otro episodio fue armado para engañar a un comerciante sin habilitación a quien le robaron mercadería. "Exigieron 25 mil pesos para no armarle causa y clausurarle el local", dijo el fiscal. Un cuarto suceso involucró a un matrimonio detenido y le solicitaron 10 mil pesos al hermano de uno de ellos para liberarlos. "Todo, sin dar aviso a Fiscalía".

Después de escuchar a los testigos, hoy los jueces Hernán Postma, Mónica Lamperti y Hebe Marcogliese, darán a concer su decisión sobre los pedidos de pena de la Fiscalía: 20 años de prisión para el comisario Ruiz Díaz, Farini y Galván; 16, para D'Angelo, y 8, para la oficial Bustos.

"Consideramos que hay pruebas suficientes para que haya condenas", dijo Narvaja a este diario. Y lamentó que haya habido "un esfuerzo sistemático por intentar ensuciar la tarea de los fiscales y la investigación contra los policías", en el marco de las denuncias que surgieron a partir de un audio que fue entregado el año pasado a la defensa de los imputados y que causó revuelo político ante la consideración de que hubo una negociación para mejorar la situación de dos detenidos, en una de las causas donde quedaron involucrados los policías. Esa acusación fue negada por los fiscales.