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La familia de Gerardo "Pichón" Escobar, hallado sin vida en el río Paraná a la salida del boliche La Tienda, denunció que la investigación en la Justicia Federal está "paralizada" hace diez meses, con los imputados libres. "Hay material genético del cráneo y los genitales que espera pericia en una heladera", dijeron los abogados querellantes Salvador Vera y Nicolás Vallet. "Todos siguen con su vida, pero yo no sigo. No solo tuve que soportar el crimen de mi hermano, sino también que no me permitan saber qué le pasó", dijo Luciana Escobar, quien se siente "revictimizada" por la Justicia. Hace dos meses había tres patovicas y dos policías imputados, que fueron liberados y sobreseídos por el juez Marcelo Bailaque. "Necesitamos que la Fiscalía tome el toro por las astas y que se empiece a producir la prueba, porque eso será determinante. El tiempo es Justicia", reclamaron.

"Estamos a casi un año sin las pruebas que pedimos como urgentes. ¿Quién le va a decir a Luciana qué policía o agente le practicó el submarino seco a Pichón? ¿Quién fue el que le rompió la nariz? ¿Quién le generó el hematoma en la zona frontal del cerebro? ¿Quién le provocó la fractura e inflamación testicular? ¿Quién fue el que lo tiró al río; y el que lo tuvo guardado en el baúl del auto? Esas respuestas las debe dar la Justicia". En esos términos se quejaron ayer los abogados, en diálogo con Rosario/12.

"Al día de hoy ni siquiera tenemos fijada la fecha de audiencia oral en la que apelaremos el sobreseimiento y liberación de los acusados. La familia no solo es víctima de las dudas con respecto a quién mató a Pichón, sino también de la burocracia judicial", protestaron.

Para la querella, "los liberados puede volver a cumplir funciones como policías y como agentes de seguridad privada", desde que fueron desvinculados de la causa. "La fiscalía no pudo avanzar y la Justicia no brindó las herramientas para que eso pase", señalaron.

Por ello, reclamaron "que cambie el temperamento que adopta el fiscal (Federico) Reynares para recuperar el legajo, que fue enviado a la Cámara (donde deben llamar a audiencia de apelación), pese a que se le pidió a Bailaque que envíe solo las copias; y que se produzcan las medidas que solicitamos en dos presentaciones con pedido de urgencia. Es intolerable que esto pase en una causa de desaparición forzada. Hay una pasividad casi intencional por parte del Estado en darle respuestas a esta familia", dijeron Vera y Vallet.

Luciana fue más allá: "Nadie me puede explicar qué está pasando. Nadie tiene los huevos. A quién más tengo que recurrir. Quiero justicia y no me la están dando. Me sacaron una parte de mí; mientras que los culpables del asesinato de mi hermano siguen sin pagar", reprochó.

Para la querella, al salir del boliche de Tucumán al 1100, Escobar fue golpeado por el patovica Vivas, en Sarmiento y Tucumán (hay imágenes como prueba), el 14 de agosto de 2015. Las sospechas apuntan a que el personal de seguridad del local tenía contacto con la comisaría 3ª, donde sostienen que Pichón fue trasladado e ingresado sin ser anotado en el libro de guardia y golpeado. Una semana después, apareció flotando en el río. La autopsia arrojó que ingresó sin vida al agua. La causa de la muerte fue asfixia seca. Días después fueron detenidos los policías Luis Noya y Maximiliano Amiceli (que hacían adicionales en el local) y los patovicas César Ampuero y José Luis Carlino, junto con Vivas como autor del crimen. Ahora, todos están libres.