La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario dejó firme la condena para tres policías que privaron de su libertad, extorsionaron y violaron a una menor en la seccional 1ª, en julio de 2002. La condena recayó en los policías Ariel Canelo (12 años de prisión), Juan Manuel Morales (igual pena), y Fabián Ibarra (10 años), mientras que fue sobreseída de culpa y cargo Graciela Adriana Scaravilli, quien estaba a cargo del libro de guardia esa noche. La víctima terminó sus días con un disparo en la sien en un confuso hecho nunca esclarecido.

El fallo de la Sala Segunda integrada por Otto Crippa García, Juvencio Liberal Mestres y Ramón Teodoro Ríos, confirma la condena por el triple ataque sexual sufrido por Erica Joanna Córdoba ﷓por entonces de 16 años﷓ ocurrido el 26 de julio de 2002. Esa madrugada un policía vestido de civil detuvo a un chico que estaba con la joven al sospechar que había cometido un robo. Dos policías los trasladaron a la seccional primera, y mientras el chico fue llevado al penal, la menor, que no estaba acusada de nada, se quedó en la sala de guardia.

Durante la madrugada, según consta en el expediente, dos de los policías la utilizaron para pedirle a la madre de su amigo 200 pesos para liberarlo. Una pericia telefónica determinó después que la mujer recibió dos llamados: uno se hizo desde la misma seccional. Más tarde, a las cinco de la mañana uno de los uniformados llevó a la chica hacia una habitación ubicada en los fondos de la dependencia policial, donde había dos camas de hierro: sobre una de ellas la arrojó, y luego de sacar un preservativo debajo del colchón, la ultrajó. Similar actitud tuvieron dos de sus pares.

Tras el triple ataque los uniformados la amenazaron para que no denunciara los ocurrido, pero la víctima terminó denunciando el incidente 40 días después luego de cruzarse accidentalmente con dos de sus atacantes y recibir una burla referida a la brutal violación. La denuncia disparó el

proceso judicial que terminó con la identificación de los tres policías sospechosos y el procesamiento de los tres los primeros días de octubre de 2002.

En el proceso Erica Córdoba reconoció en forma inequívoca a los tres policías como los autores del ataque: el trío terminó condenado el 7 de julio de ese año por el juez de Sentencia Nº2, Antonio Ramos. Las penas más duras recayeron en el oficial ayudante Juan Manuel Morales y en el cabo Ariel Canelo, encontrados culpables de violar a la chica, privarla de la libertad y someterla a extorsión, por lo que recibieron 14 años de prisión. El oficial Fabián Patricio Ibarra recibió 12 años de prisión por violación y privación de la libertad.

Luego de aquel episodio la situación de la joven víctima pareció pender de un hilo: inestable y deprimida, en varias oportunidades deslizó que no quería seguir viviendo. El 24 de octubre de 2005 apareció muerta de un balazo en la sien, en un aparente intento de suicidio, aunque sus familiares adujeron en un primer momento que pudo haber sido asesinada por su novio.

La chica tuvo un difícil derrotero luego de la cruenta experiencia sufrida en 2002: durante un tiempo vivió en Buenos Aires por consejo clínico para que el cambio de entorno le ayudara a asimilar lo que le había pasado. En tres ocasiones inició e interrumpió tratamientos psicológicos porque no resistía repasar el pasado.

El cuerpo de Erica no manifestaba ninguna señal de lucha, ni de violencia sexual o de agresiones de otro tipo. La profesional que realizó la autopsia en el Instituto Médico Legal indicó en su momento que todos esos atributos son compatibles con los de un típico caso de suicidio.

En su dictamen Ramón Teodoro Ríos destaca que "la experiencia diaria muestra la conveniencia de que los Inspectores de Zona recorran en horas nocturnas su jurisdicción, los titulares de las Comisarías se hagan presentes en la dependencia fuera del horario de rutina, irrumpan periódicamente durante la madrugada en la seccional a su cargo y eviten que el personal fuera de servicio se albergue en la dependencia por carecer de domicilio en la ciudad. La policía es un instrumento valioso para la seguridad y el ciudadano debe confiar que no será traicionado por sus servidores públicos".