El informe sobre trata de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) fue elaborado a partir de un análisis de las causas judiciales que desembocaron en los primeros 74 autos de procesamientos por trata para explotación sexual en el país, desde la sanción de la ley que tipificó el delito, en abril de 2008. Hasta junio de 2011 en la Justicia Federal de Santa Fe se encontraban en trámite 37 causas donde se investigaba la infracción a la ley. Entre ellas, 23 se refieren al delito de trata de personas con fines de explotación sexual, 5 casos versaban sobre el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, una de ellas está caratulada como infracción a la ley 23.737 (tenencia y tráfico de estupefacientes) y según informó la Fiscalía de Reconquista se están realizando las diligencias necesarias para requerir instrucción por infracción a la ley 26.346, puesto que han descubierto una situación de trata de personas con fines de explotación sexual en el marco de una investigación por drogas. En tanto, 3 causas fueron archivadas y 5 se refieren a investigaciones preliminares de la Fiscalía Federal de Reconquista.

De las 23 causas, en 5 se ha dictado a los imputados el procesamiento por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Todas ellas se encuentran en trámite ante los Juzgados Federales de Santa Fe, "no habiéndose dictado resolución de mérito alguna" en las 8 causas que tramitan en los Juzgados Federales de Rosario ni en las 10 de la Justicia Federal de Reconquista. A su vez, de las 5 causas con procesamiento de los Tribunales Orales de Santa Fe, en 4 se realizó el juicio oral.

En lo que respecta al modo de inicio de las causas, solo una fue realizada de oficio por la Fiscalía Federal de Reconquista. En tanto, 14 ingresaron al sistema judicial por denuncia de algún interesado: dos fueron presentadas por la víctima; ocho por familiares de las víctimas; dos por personas anónimas; una por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe y una por la Ufase. Otras 3 se iniciaron a partir de una situación de flagrancia. Las 3 restantes corresponden a la formación de expedientes separados de causas que tenían más de un imputado.