Una de las particularidades de la causa por la masacre de la calle Juan B. Justo 676 ocurrida el 19 de noviembre de 1976 en San Nicolás fue la necesidad de desmontar la versión oficial del Ejército, que había consignado un "enfrentamiento", con cinco muertos adentro de la casa y ningún herido entre los atacantes de las policías Federal y bonaerense y el Ejército. El fiscal coadyuvante Juan Murray fue una de las piezas fundamentales en ese proceso, ya que estuvo en la causa desde su etapa de instrucción. "Fue un trabajo muy difícil porque hubo que desmantelar todo lo que se había documentado falsamente en el año 1976 respecto de que había habido un enfrentamiento y una agresión previa de parte de la familia Amestoy-Fettolini y de Ana María Granada", explicó Murray, quien subrayó: "fueron importantísimos los archivos documentales que se pudieron hallar en la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires y que proporcionó la Comisión Provincial por la Memoria pero sobre todo la declaraciones de los vecinos y la memoria que todavía perduraba en ellos de aquel hecho atroz que no querían ocultar ni callar".

En ese sentido, la abogada querellante Ana Pipi Oberlin afirmó que la sentencia a prisión perpetua del jueves pasado para tres represores por esa masacre "sienta precedentes porque parte de la discusión durante el juicio se centró justamente en si un ataque de estas características, masivo, con uniforme, porque estaban uniformados muchos de ellos, casi a la luz del día, forma parte o no del terrorismo de estado y nosotros sostuvimos desde los primeros momentos de esta causa que sí lo forma y que fue una de las maneras que tuvo el terrorismo de estado". Para la profesional, "la clandestinidad de las desapariciones y torturas fue una manera de actuar, pero también necesitaban aleccionar públicamente y esto demuestra cuánto aleccionaban que no tenían ningún prurito en asesinar y atacar como atacaron esa casa sabiendo que había niños".

Este juicio condensó además a víctimas y testigos de tres provincias: Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Una de sus complejidades fue amalgamar los distintos programas involucrados, como el siempre presente Programa de Protección de Testigos de la provincia de Santa Fe. Desde el Programa Nacional de Verdad y Justicia, que tuvo a cargo esa coordinación a través de sus delegados Wildor Garavelli y Norberto Ferrari, subrayaron la tarea realizada, que culminó con la sentencia del jueves pasado.