La Corte Suprema santafesina se solidarizó con los funcionarios judiciales amenazados. Sus miembros aseguraron, en un comunicado, tener "el convencimiento de que los planes criminales que tomaron estado público deben ser vistos no solamente como una tétrica manera de intentar frenar investigaciones que están en curso en las personas que las dirigen, sino también como un ataque al conjunto del Poder Judicial y a las instituciones básicas de un Estado de Derecho". En ese contexto, expresaron que "la repetición de este tipo de episodios, perpetrados también contra autoridades del Ministerio de Seguridad e incluso contra el Gobernador de la provincia, así como el crecimiento exponencial de la violencia y las fundadas sospechas en orden a la intervención, en estos hechos, de miembros de la policía provincial, nos llevan a reconocer una situación de extrema gravedad". En ese sentido, la Corte apeló a "redoblar esfuerzos para que los integrantes de los poderes públicos de la provincia asuman el compromiso y la responsabilidad político-institucional para disponer las medidas para revertir el estado de situación actual".