La abogada Analía Aucía, coordinadora del Programa de Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, e integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) -que hace casi un año presentó a la jueza Mónica Lamperti un amicus curiae (amigos del tribunal), al que luego se sumó una recomendación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, para el expediente Celma- consideró que "la situación de la causa penal en relación con la garantía del derecho de acceso a la justicia por parte de familiares de Vanesa está sumamente trabada". Ello, "debido a que en la investigación penal no se incorporó al análisis los tratados de derechos humanos, y la jurisprudencia internacional que de ellos se deriva. Esto trae como consecuencia que la carátula de 'incendio' sea un reflejo del curso que se le ha dado a la investigación en general y, a la recolección y evaluación de las pruebas, en particular. El hecho investigado, desde el comienzo del proceso, no ha ido en dirección de investigar un hecho de homicidio o femicidio, sino un hecho de incendio, razón por la cual, para poder resolver conforme a justicia es imprescindible adoptar otros criterios jurídicos suficientemente aportados en la causa, a través de las intervenciones".

Para la letrada, especialista en género, "en la causa no faltan herramientas teóricas y jurídicas para poder investigar conforme a derecho. La dificultad se presenta en los criterios adoptados por el juzgado, que pareciera no poder correrse de esquemas de investigación empobrecidos que poco tienen que ver con el deber de debida diligencia que tiene el Estado y con la obligación de incorporar los instrumentos de derechos humanos con perspectiva de género". Por ello, apuntó a que "no sólo se está privando a la familiar de Vanesa de una adecuada reparación, sino que el accionar de la justicia en este caso, coloca al Estado argentino en una situación de responsabilidad internacional, a través del accionar del juzgado penal que persiste en desconocer las obligaciones legales que le competen".