La diputada provincial Lucrecia Aranda, autora de la reforma del Código Procesal Penal que establecía la obligatoridad de que actúe un gabinete interdisciplinario integrado por profesionales especializados en abuso sexual infantil, consideró "un retroceso" que el nuevo Código Procesal Penal no incluya esa herramienta para probar el delito, y tratar a la víctima. "Esta reforma buscaba que la justicia tenga un sentido de reparación del daño, que no sólo busque perseguir al culpable, y muy lamentablemente esto no se entendió", consideró la legisladora.

El argumento de la mayoría parlamentaria que dio por tierra con esta herramienta fue que existía un gabinete contemplado en "disposiciones generales", sugerido para la producción de pruebas en cualquier tipo de delitos. "Esto evidencia el profundo desconocimiento que existe frente a la especificidad de este tipo de delitos". En ese sentido, consideró que "la justicia no está disponiendo de los procedimientos necesarios para producir las pruebas".

Aranda planteó que existe "una ceguera institucional" respecto de esta problemática. Su interés por sostener este instrumento la llevó a hablar con el propio ministro Roberto Rosúa. La respuesta fue que intentara modificarlo en la Cámara de Diputados. "Pero allí se aprobó a libro cerrado porque estaba acordado por el Partido Justicialista", afirmó. "Se trataba de poner una mirada y establecer y sostener un procedimiento específico que se había considerado un avance", defendió Aranda. "La propia Defensoría del Pueblo lo incluye como un avance en la provincia de Santa Fe, también en los ámbitos nacionales que trabajan en niñez lo ponderaron. Y se pierde a poco de andar no por una reflexión, sino porque a nadie le importa la situación de los niños", afirmó.