¿Un paso más en la estrategia de marketing para consolidar a Buenos Aires como parte del circuito “gay friendly”? ¿Una necesidad imperiosa de cambio de agenda para el jefe de Gobierno, que viene esquivando el juicio político por las escuchas ilegales a activistas de los derechos humanos, familiares (propios), políticos y políticas opositores y hasta los de su propia tropa? ¿Falta de la pastillita rosa en el desayuno del viernes pasado? ¿Importan las razones? Desde el punto de vista de quienes ya tienen fecha para legalizar su unión y de quienes soñamos con los mismos derechos, la primera respuesta a la última pregunta es un rotundo no. Pero con un resto de calma la jugada de Mauricio Macri tiene relevancia. Porque es el líder de una fuerza política por demás conservadora con representación en el Congreso de la Nación que, justamente, no dio quórum cuando debía para que la modificación del Código Civil –la misma que impuso el fallo de la jueza Gabriela Seijas para un caso en particular– tuviera dictamen de comisión y pudiera tratarse en el recinto. Pero además, porque el efecto de la jugada dejó en claro que el mundo sigue andando y aun cuando la Iglesia Católica haya pronunciado su espanto frente a la supuesta “crisis de valores” de nuestra sociedad no lo hizo sino hasta pasados los tiempos legales de la posible apelación. ¿Entonces por qué no se convocó todavía la nueva reunión de comisión para sacar de una vez por todas el famoso dictamen que habilitaría el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo? Las presiones no siempre son tan visibles, es cierto, y la famosa foto de la Presidenta en el Vaticano debe seguir pesando en el imaginario oficialista, que tampoco sentó sus reales para dar quórum, como tampoco lo hizo el radicalismo. Lo raro es que todos los bloques manifestaron su acuerdo –con firmas en los proyectos de ley que se estuvieron tratando–, pero ese acuerdo no ha tenido correlato en las acciones. Al contrario, lo que se puso de manifiesto es una brutal indiferencia frente a una inequidad evidente: si el matrimonio es un pacto entre dos personas frente a la ley, hay un sector de la sociedad que está impedido de tomar decisiones adultas.

Conociendo el accionar de la militancia fundamentalista, que es fácil revisar haciendo un poco de archivo sobre lo que sucedió cuando se dio el debate en el Congreso, o bien cada vez que se reclama el derecho a decidir sobre el propio cuerpo –aborto, identidad de género–, lo que cae como fruta madura es la imagen de católicos y católicas desgarrados frente al Registro Civil el día que Alex Freyre y José Di Bello finalmente se casen. Es de esperar que esa performance –no estamos dando ideas, lo hacen siempre, vamos– no actúe a modo de tester, porque por más pasión que les pongan a sus avemarías, no dejan de ser una minoría que tiene la capacidad de imponer su poder de lobby a través de presiones que llegan hasta la misma Santa Sede. Y que su credo no se ve afectado por las decisiones de otros y otras. En cambio, la imposición del garrote vil de la religión sí condiciona la vida de quienes no tienen nada que ver con su dogma. Y que también son una minoría, es cierto, no va a haber largas colas en los registros civiles de Buenos Aires para iniciar los costosos trámites que implica litigar contra el Estado. Pero no se trata de números, se trata de libre albedrío y de equidad ante la ley. ¿O acaso se cuentan cuántas sillas de ruedas hay circulando para exigir accesos con rampas? Con que haya una es suficiente.

Dos hombres van a casarse por primera vez en Buenos Aires, en Argentina, en América latina. Del tamaño que sea, este paso se está dando. Es una responsabilidad social que ésta no sea una marcha solitaria, ni tampoco la bravuconada de un jefe de Gobierno que necesita imperiosamente un cambio de agenda.