Pasado el velorio, Midgelis Miranda recordó las palabras que su esposa solía esgrimir: “Las personas lgbt venezolanas somos consideradas ciudadanxs de segunda”. “Yo estoy pintada en la pared”, denunció Midgelis con dolor, porque la familia de Giniveth Soto, que decía reconocer y aprobar el matrimonio entre ambas, había decidido cremar a la chica y llevarse consigo las cenizas sin siquiera consultárselo. Es la misma familia a la que Giniveth –ignorante, como todxs, de lo que podría suceder tras su final– soñaba hacer partícipe de su felicidad al volver a Venezuela. Pero lo que Midgelis guarda de ella no es esa ceniza robada sino vida: no sólo la hecha del recuerdo de los días compartidos sino la del hijo nacido hace menos de cuatro meses y concebido dentro suyo gracias a una ovadonación de su pareja. La foto en blanco y negro que circula por Internet, en la que ambas aparecen riéndose bajo una lluvia de arroz, fue sacada en la puerta de un registro civil de Rosario, ciudad en la que se autoexiliaron en 2013 para llevar adelante su proyecto familiar. En aquel momento, la jugada fue estratégica. Como las leyes venezolanas reconocen matrimonios concertados en el exterior, se pensó que éste también podría ser su caso: un reconocimiento así sentaría precedente y el país bolivariano se llenaría de los putos y las tortas que, pudiendo viajar a la Argentina, volverían casados y haciendo valer la igualdad de sus derechos (y de paso presionando por la modificación de las leyes venezolanas, que sería el fin último). No resultó. La revolución bolivariana no llega por ahora a tocar las fibras más íntimas de la tradición, ni le tuerce la mano al patriarcado. Y la co-maternidad de Giniveth y Midgelis –que incluso podría ser probada vía un estudio de ADN– también ha sido rechazada al denegarse la inscripción de su hijo en común. “Gineveth no sólo no pudo ver hechos realidad estos cambios sino que durante la gestión administrativa del gobierno bolivariano se sostuvo un proceso discriminatorio evidente”, denunció la Prensa ACVI (AC Venezuela Igualitaria). Pocos medios profundizaron en el tema de debate que la militante lesbiana instaló con su propia vida en la sociedad venezolana y, por supuesto, el periodismo antichavista prefirió apropiarse de esta muerte para usarla como bastión político contra la inseguridad: Soto, psicóloga de 31 años, falleció de un balazo en la cabeza al resistirse al robo del taxi que conducía. En los muchos portales web donde se difundió la noticia, desde los titulares fue presentada como la sobrina de Fernando Soto Rojas, un diputado de la Asamblea Nacional, y se la desconoció como lo que en verdad era: una aguerrida activista lesbiana de la Agrupación Venezuela Igualitaria que hizo de la búsqueda de la felicidad –y esto que pareciera ser lo obvio, es casi una excepción–, el sentido de su vida.