El sol tibio de la primavera se cuela por las ventanas de la casona de La Boca sede de la CHA (Comunidad Homosexual Argentina). María y Orlando esperan, ansiosos, que comience la reunión de más de 20 viudxs miembros de la comunidad Glbtt junto con representantes de la Ansess para conocer sobre los pasos a seguir para obtener la esperada pensión por viudez.

María convivió con Isabel durante 14 años, hasta que el cáncer se llevó a su compañera en 1997. “Ella era docente como yo y aportó durante 30 años —cuenta María—, y todo ese dinero de años andaba dando vueltas por el aire, por eso guardé toda la documentación que creí importante, porque sabía que este momento iba a llegar”, confiesa. Los requisitos necesarios para poder iniciar los trámites no difieren de los que establece la ley de concubinato del código civil: haber tenido 5 años de convivencia, la existencia de bienes en común o cuentas bancarias comunes que acrediten el vínculo, facturas a nombre de los dos miembros de la pareja, extensiones de tarjetas de crédito, certificados de convivencia, testamentos mutuos, obra social compartida. La figura reciente de la Unión Civil es la prueba más contundente aunque sólo uno o dos de estos requisitos sean suficientes.

Orlando se vino desde Santa Fe a los 20 años y pronto conoció a Justo, que tenía 50. Vivieron juntos 30 años y mantuvieron su relación de pareja oculta durante todo ese tiempo. “Eran otros tiempos. Cuando Justo cayó enfermo, tuve que mentir que era su sobrino para poder entrar en terapia intensiva”, recuerda. “Inicié la causa en julio de 1997 y me la denegaron dos años después. Lo di todo por perdido pero guardé la carpeta. Nunca me imaginé que después de tanto tiempo iba a tener que desempolvar los papeles.” María, en cambio, evitó pasar por la prueba del rechazo: “Sabía que no debía pedir la pensión en aquel momento, siento que todas esas historias detrás de los trámites fueron manoseadas”, se lamenta.

Orlando y María son dos entre 64 viudos y viudas que presentaron su solicitud para cobrar la pensión que les corresponde desde siempre, pero a la que podrían tener acceso desde que se modificó la normativa de la Ansess, hace menos de dos meses. Las demandas de asesoramiento, tanto en oficinas públicas como a las organizaciones Lgbtti, dan cuenta de la punta del iceberg que significan los primeros casos que, por su persistencia, lograron que una inequidad evidente empezara a corregirse.