Viernes, 28 de noviembre de 2008 | Hoy
NOTA DE TAPA
Donar sangre es una responsabilidad social, un acto de solidaridad, un gesto de buenas personas; así se busca promover la donación voluntaria de sangre desde diferentes campañas –oficiales y privadas– que en el mes de noviembre –por recordarse el Día del Donante– se convierten en habituales. Lo que callan estas campañas es que no cualquiera puede hacerlo: homosexuales, personas con tatuajes o piercing, las que declaren haber tenido parejas ocasionales en los últimos doce meses –con o sin protección– quedan fuera del ágora de la solidaridad para convertirse en una extensa tribu de sospechosos. En exclusiva, Soy tuvo acceso al documento con el cual el Ministerio de Salud se propone justificar este acto de discriminación “saludable”.
Por Diego Trerotola
Hace varios meses, como consecuencia de un accidente doméstico, mi madre se quebró la cadera y la rodilla por una caída. Al ser una persona cardíaca y sexagenaria, la operación necesaria para su equilibrio requería de un monitoreo especial y una cantidad mayor de trasfusión de sangre durante y después de la intervención quirúrgica. Por eso el hospital solicitaba al menos dos dadores de sangre para poder autorizar la operación. Ahí empezaron los problemas. Yo no podía donar sangre principalmente por ser gay: estaba imposibilitado de solidarizarme con mi madre, igual que la mayoría de mis amigos. Y no era que recién me despachaba del asunto: como activista de la CHA, desde hacía más de diez años con esta organización había realizado distintos actos denunciando esta discriminación, pero ahora la padecía por primera vez. La base de todo este problema es la idea oficial de seguir sosteniendo un cuestionario obligatorio de autoexclusión (llamado técnicamente anamnesis) que se le hace a cada persona dispuesta a donar sangre. Ese famoso formulario de respuesta obligatoria, que funciona como declaración jurada de cada paciente, impide que donen sangre quienes en los últimos doce meses cumplan con algunas de estas características, entre otras:
Quienes se hayan realizado tatuajes, perforaciones de la piel en alguna parte del cuerpo o acupuntura.
Varones que tengan o hayan tenido relaciones sexuales entre hombres.
Mujeres que tengan o hayan tenido pareja sexual con un hombre que tiene también sexo con hombres.
Quienes hubieran mantenido relaciones sexuales ocasionales o tengan conocimiento de que su pareja las tiene, aun con protección.
Quienes suelan tener o hayan tenido sexo por dinero y quienes hayan tenido relaciones sexuales con la clase de personas recién enunciadas.
Quienes hayan estado encarcelados o detenidos por más de 72 horas.
Sospechosos todos y todas; probablemente infectados, se supone. A la hora de donar sangre, hasta la declamada efectividad del preservativo se diluye. El grupo de riesgo queda así bien identificado, bien definido, sin el corset de la corrección política: estamos hablando de sangre y se la precisa pura, libre de sospecha, pura sangre.
Yo mismo, e incluso muchos de mis amigxs cercanxs, sin estar enfermxs, entrábamos en varias de las categorías que nos dejan fuera del grupo de elegidos como donantes. Incluso quienes gozaban de excelente salud cumplían con casi todas las características de la exclusión: su sangre tal vez podría haber sido considerada la más tóxica del país por las instituciones que dictaron y avalan la Ley Nacional de Sangre. Claramente, estar dentro de ese grupo no me parecía degradante, ninguno de esos rasgos me eran impropios, pero que se me obligara a responder gratuitamente sobre algunos de mis actos adultos responsables, y estigmatizar a las personas que los practican como posibles enfermos, era algo bastante intolerable. Está bien: si era por ayudar a mi madre, bien podía o podíamos mentir; las marcas de la (auto)exclusión no siempre son visibles. Pero, entonces, ¿para qué el cuestionario? ¿Es un llamado a la conciencia, una invitación a arrepentirse? ¿Una apelación a la vergüenza?
Prostitutxs, agujereados, tatuados, putos, mujeres y varones de sexualidad flexible, perseguidos y perseguidas por la ley, presidiarios y presidiarias con o sin condena, somos ahora lxs parias de la sangre, una suerte de tribu aislada en la reserva donde la confinó el pulcro vallado de la ciencia. Y ni siquiera podremos donarnos sangre entre nosotros. ¿Quién lo iba a decir? ¿Cuál sería nuestro estigma o nuestro logotipo insignia?
Tal vez sea una gota de sangre con los cuernos del diablo.
Está claro que la ley es retrógrada y está basada en prejuicios homofóbicos que todavía ubican a la diversidad sexual y a otros comportamientos individuales en el sector de grupos de riesgo relacionados con el VIH, aun cuando la Ley de Sangre Humana (Nº 22.990/1983) haya sido modificada en 2005. Antes estaban excluidos directamente los homosexuales, pero ahora se sacó la mención directa de la orientación sexual para focalizar en las prácticas sexuales a lo largo de un tiempo determinado (con o sin protección, ya se dijo). La situación sigue siendo la misma, el cambio es puramente retórico: se excluye a toda persona que tenga sexo con hombres homo o bisexuales, se defina como se defina. La nueva variante es que no se discrimina a los homosexuales que en los últimos doce meses no hayan tenido relaciones sexuales, volviendo viejo e inútil el axioma de la prevención: la abstinencia. Sólo así la sangre está segura, al menos si sos homosexual.
Esto de homologar a los homosexuales y a aquellas personas que tienen sexo con ellos como personas de sangre no apta se deriva supuestamente de una interpretación científica de las estadísticas epidemiológicas sobre la transmisión del VIH. Pero, a la luz de una validación realmente científica, no parece haber mucha razón en esa interpretación, sobre todo porque las campañas oficiales, aquellas que promueven los mismos que aprueban ese formulario, sostienen que el sida se transmite en cualquier relación sexual sin protección, más allá de la orientación sexual y la identidad de género de los implicados. Desde hace muchos años, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) desarrolla distintas acciones y argumentaciones en pos de suprimir cualquier “referencia a la orientación sexual de las personas, ni tampoco, como alternativa, la sola mención de las prácticas sexuales, porque serían igualmente discriminatorias para nuestra comunidad”. La última respuesta oficial obtenida fue el 10 de agosto de 2008 cuando, por primera vez, el Ministerio de Salud de la Nación, frente a una serie de reclamos históricos de la CHA, hizo elaborar una respuesta de siete páginas a la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y a la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología (AAHI) para aclarar la razón de la persistencia de esta discriminación. La respuesta se difunde públicamente por primera vez en esta nota y deja en claro la base discriminatoria y poco científica de estas organizaciones, que defienden una postura tan antigua que sigue considerando que con mantenerse lejos de los “grupos de riesgo” es posible mantenerse a salvo.
Por un lado, la SADI sostiene que “teniendo en cuenta los datos obtenidos de la bibliografía, existe una mayor posibilidad de transmisión de HIV en donantes varones que tienen sexo con varones y, por ende, no hay ninguna razón científica para modificar la situación actual”. La bibliografía adjunta está fechada de 2003 a 2005, entre cinco y tres años antes del momento en que se realiza la argumentación, lo que hace difícil pensar en la validez del análisis epidemiológico en la actualidad, especialmente porque tampoco se cita ninguna de las estadísticas ni la interpretación. Aun peor: la AAHI sostiene que puede ser válida la interpretación de las organizaciones Glttbi, pero no da crédito a ellas: “Así como las organizaciones de homosexuales que defienden legítimamente sus derechos dentro de la comunidad interpretan los resultados epidemiológicos y hacen propuestas de cambio en la selección de los donantes de sangre, algunas organizaciones de pacientes, que han sido severamente golpeados por las infecciones trasfusionales, ya están preocupadas por el impacto que en su seguridad puede tener cualquier medida que se tome desde los organismos rectores que no esté basada estrictamente en evidencia científica. Tales organizaciones deben ser involucradas en la discusión”. He aquí una elegante manera de situar a quienes están dentro y fuera del corralito de la consideración científica. Se habla de organizaciones de pacientes sin nombrar a tales organizaciones, dejando bien en claro que adentro están quienes sufren los embates de quienes, afuera, se entregan a la vida lujuriosa. La ciencia, incólume. De la responsabilidad de los organismos rectores en la falta de análisis apropiados sobre la sangre que causó las infecciones trasfusionales, ni una palabra.
Hay una tendencia más terrible en las argumentaciones y tiene que ver con una desigualdad para las partes implicadas. La SADI dice que “se deben priorizar los derechos del receptor sobre los deseos del dador”, y que, por lo tanto, “los Servicios de Hemoterapia deberían basar sus decisiones en aspectos científicos más que en los deseos del donante y, por lo tanto, deben reconocer que los derechos de los receptores deberían estar por encima de los del donante”. Por su parte, la AAHI sostiene que “lo que está en juego, y nosotros tutelamos, es la seguridad de los pacientes que requieren trasfusiones para mantener la vida, más allá de la percepción de discriminación que algunos puedan sentir”. En lo que se ponen de acuerdo ambos organismos en sus discursos es en que el receptor de la trasfusión tiene derechos y los dadores sólo tienen deseos y sentimientos: esta asimetría semántica anula el acceso al derecho a los dadores convirtiéndolo casi en un capricho, como si donar sangre fuera un lujo suntuario y no, además de un derecho –a ejercer la solidaridad, a ser parte de la sociedad–, una necesidad, en muchos casos. ¿Nadie se preguntó si es posible respetar a ambas partes? ¿A nadie se le ocurrió que ambas partes no son tales sino grupos dinámicos, que un día se puede ser paciente y otro necesitar a las o los dadores?
Que la desacreditación al reclamo por discriminación por orientación sexual sea la expresión “deseo” o “sentir” de alguien es un síntoma de homofobia claro que no necesita de un erudito en el análisis de discurso para notarlo.
Sin embargo, la parte más violentamente discursiva de la argumentación la lleva a cabo la SADI, que sostiene que la exclusión de dadores homosexuales “no debe ser tomada ni entendida como discriminatoria, sino exclusivamente como preventiva, similar a otras situaciones expresamente aclaradas en el cuestionario de autoexclusión, tales como haber padecido infecciones de transmisión sexual, enfermedad de Chagas, paludismo, etcétera”. ¿La homosexualidad es similar a infecciones y enfermedades? ¿No hacía varias décadas que la Organización Mundial de la Salud había excluido a la homosexualidad como enfermedad, incluso de las enfermedades mentales? Crear ese efecto discursivo comparando sólo a la homosexualidad con enfermedades es lo más retrógrado y poco científico que se puede leer en una argumentación médica.
Mientras la SADI sostiene como modelos de su política de exclusión de los donantes a “EE.UU., Canadá, y muchos otros países industrializados”, la CHA opuso como modelo antidiscriminatorio el redactado por la Comisión de las Comunidades Europeas, publicado en marzo de 2004 en el Diario Oficial de la Unión Europea, cuyo “Anexo III. Criterios de selección de donantes de sangre y componentes sanguíneos” sostiene inhabilitar sólo a “personas cuya conducta sexual supone un alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas graves que pueden ser transmitidas por la sangre”, sin hablar de la orientación sexual, ni mucho menos de otras opciones como el sexo por dinero, etcétera. La SADI y la AAHI no aceptan este modelo y no argumentan tampoco en su contra. Para demostrar definitivamente la discriminación abierta a los varones homosexuales, también cuatro activistas de CHA se presentaron como dadores y, como fueron discriminados, presentaron un recurso de amparo en 2006, que todavía no tuvo su debida respuesta. El tema es que, en la presentación, tres de los activistas –Luis de Grazia, Cristian Vera y Martín Lanfranco– se presentaron con sus respectivos exámenes serológicos negativos y tampoco fueron aceptados: es decir, sólo su orientación sexual los excluía. El cuarto activista, Marcelo Suntheim, argumentó en el recurso de amparo que se “hace expresa reserva de presentar su serología si Su Señoría lo solicitare. Dicha reserva tiene como fundamento la convicción de que no hace falta demostrar su carácter de seronegativo por ser homosexual... Si un heterosexual contagia a una persona, no creo que le pidan al resto de la comunidad heterosexual la comprobación de su serología”.
Frente a una presentación de casos de discriminación por parte de la CHA en el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo), este organismo se esmeró en desarrollar una argumentación sobre la discriminación en esta Ley Nacional de Sangre, elaborando un texto de doce páginas que concluyen que la vigente “Ley Nacional
Nº 22.990 sobre regulación de las actividades relacionadas con la sangre humana, sus componentes, derivados y subproductos, es considerada DISCRIMINATORIA”. Sus argumentos son bien claros: “Consideramos que, a la hora de establecer limitaciones basadas en el potencial riesgo, éste nunca debe ser medido por las características personales del/la donante sino que debe tenerse en cuenta el hecho de haber realizado conductas que –no siendo riesgosas en sí mismas– se han llevado a la práctica en un modo riesgoso, es decir, sin las medidas preventivas que cada caso exige (preservativos, barreras de látex, jeringas descartables, etcétera). Realizar juicios de valor sobre la calidad de la sangre de las personas sólo por el hecho de pertenecer a cierta minoría o realizar ciertas actividades es no sólo un determinismo y una violación al principio de no discriminación sino que también implica vulnerar sus derechos a la autonomía personal, a la dignidad, el respeto a la libertad, a la intimidad, a la privacidad y a la protección de las conductas autorreferentes de disposición del propio cuerpo, comprendidos todos en el artículo 19 de la Constitución Nacional, en al artículo 11 de la Convención Americana y en el artículo 17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos”.
Nada parece alterar el curso de estas leyes claramente discriminatorias, denunciadas una y otra vez. En lugar de afrontar el correcto testeo de la sangre, de convocar a los dadores desde una postura abierta y pluralista sin crear mitos sobre las identidades, ciertas organizaciones supuestamente científicas siguen promoviendo modelos arcaicos. En su sitio oficial de su campaña “Donando Sangre” (www.donandosangre.org), la AAHI sigue difundiendo mala información y señala abiertamente como “situaciones de riesgo” toda “actividad sexual entre hombres”. Y luego de un click aclara que están imposibilitados de donar sangre “varones que tengan o hayan tenido relaciones entre hombres” (sic). Parece que ahora no se trata de relaciones sexuales sino de todas las relaciones y vínculos homosociales. Parece que el acto del lenguaje de la AAHI es sintomático de una homofobia extrema que explota en el discurso: eliminar el sexo diverso del lenguaje tal vez marque el deseo de eliminarlo definitivamente de la sociedad. O tal vez así traten de volver los años de oscuridad y represión: los tiempos del “deseo que no se puede nombrar”.
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