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En 2005, dos chicos iraníes de 16 y 18 años fueron ahorcados en una plaza en la ciudad de Mashhad, al nordeste de Irán, luego de admitir que habían mantenido relaciones sexuales. Y si esa historia también podría haber tenido lugar en Arabia Saudí o en los Emiratos Árabes, en Mauritania o en Sudán, en Yemen o en Nigeria, es porque en esos países ser homosexual es condenado con la pena de muerte. El recuerdo de esos dos chicos sobrevoló el sábado la Plaza Pío XII, frente a la Basílica de San Pedro. Y lo hizo entre las antorchas que cientos de manifestantes prendieron allí para recordar a las personas que en el mundo viven perseguidas o incluso pierden la vida por su sexualidad.

Que el Vaticano fuera el lugar elegido para la manifestación que encabezaron activistas de asociaciones gays y lesbianas se entiende por varios motivos. Pero se entiende, sobre todo, porque el Vaticano ha puesto recientemente el grito en el cielo luego de que Francia decidiera hacer valer su turno al frente de la presidencia de la Unión Europea para impulsar, en el marco de la ONU, una iniciativa que propone la “despenalización universal de la homosexualidad”. Un proyecto que justificó que el arzobispo Celestino Migliore, embajador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, opinara que “una declaración política de ese tipo crearía nuevas e implacables discriminaciones” y “pondría en la picota a los países que no consideran matrimonio las uniones homosexuales”. Como si en países como Irán no estuvieran puestos desde siempre en la picota aquellxs cuyo deseo no osa decir su nombre por la sencilla razón de que hacerlo implicaría pagarlo con la propia vida.

En el documento francés no se habla, sin embargo, de matrimonio entre homosexuales, y sólo se pide a los países que tomen “las medidas necesarias, administrativas y legislativas, para garantizar que la orientación sexual y la identidad de género no sean bajo ninguna circunstancia causa de sanción penal, ejecución, arresto o detención”. Así, el argumento del Vaticano no sólo se ampara en un posible efecto jurídico que esa disposición podría llegar a tener sobre los derechos de gays y lesbianas en algunos países, sino que constituye implícitamente una defensa de las naciones musulmanas que condenan la homosexualidad con dureza. "Obviamente, nadie quiere defender la pena de muerte para los homosexuales, como alguno querría hacer creer", se atajó Federico Lombardi, vocero del Vaticano, quien recordó que la Santa Sede no está sola en esta posición, pues, dijo, hay 150 estados miembros de la ONU que no se han adherido hasta el momento a la propuesta francesa. Pero si algo deja ver la postura del Vaticano es que allí son mandados a hacer a la hora de sobreinterpretar las leyes. Una estrategia de tintes paranoicos que busca embarrar la cancha toda vez que se trata de avanzar en la defensa de derechos básicos como la no discriminación, ya no digamos de la comunidad GLBT, sino también de las mujeres y las personas discapacitadas. ¿O acaso no es una prueba de ello que El Vaticano tampoco quiera suscribir en la ONU la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por considerar que detrás del artículo que les garantiza el acceso a todos los servicios sanitarios, “incluidos los de la salud sexual y reproductiva”, se cierne el lobby abortista?

Si para algo la Iglesia Católica todavía sigue demostrándose eficaz es para dividir opiniones que el sentido común diría que están zanjadas. En última instancia, de lo que se trata es de dejar en claro que la peor forma de discriminación es la que criminaliza, sobre todo cuando la condición sexual puede justificar aberraciones como la pena de muerte. Después de todo, ¿alguien sería capaz de imponerle al Papa la penitencia de rezar por las almas de esos dos chicos iraníes?