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Viernes, 13 de noviembre de 2009

“El Gobierno debería evaluar de qué lado ha estado siempre la jerarquía católica en relación a los Derechos Humanos”

María Rachid, dirigente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, una de las organizaciones impulsoras de la modificación del Código Civil para ampliar la institución del matrimonio, analiza lo sucedido en el Congreso y abre caminos alternativos para alcanzar los derechos que merecen todas las familias, más allá de la orientación sexual o identidad de género de sus integrantes.

 Por Patricio Lennard

¿Qué evaluación hacés de que no se haya podido alcanzar el quórum para elaborar un dictamen sobre los dos proyectos de matrimonio que se estuvieron discutiendo en Diputados?

—Hasta la semana pasada, quizás estábamos un poco engañadas y engañados sobre el destino que podían tener los proyectos. Y la verdad es que me decepciona y me sorprende que un gobierno que defiende los derechos humanos y que ha sacado leyes que requerían de mucha valentía no haya tenido el valor de sacar esta ley a pesar de la férrea oposición de la jerarquía eclesiástica. Pero bueno, hace falta pasar por situaciones como ésta para ver quiénes están de qué lado, y a partir de ahí seguir trabajando. Las presiones de la Iglesia Católica y el hecho de que la presidenta Cristina Fernández tenga una reunión con el Papa a fines de noviembre pueden estar generando temor en el Gobierno de que la reunión pueda cancelarse. Pero la verdad es que desde el Gobierno han hecho cosas mucho más valientes que enfrentarse a la posibilidad de que el Papa no reciba a la Presidenta, más allá de que el tema del matrimonio no sea para ellos, según lo han dejado ver los diputados del Frente para la Victoria, lo suficientemente importante.

¿Pensás que en este punto hay un acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia?

—Creo que hay momentos y momentos en la relación del kirchnerismo con la Iglesia, y justo éste es un momento en el que se está buscando mejorar el vínculo con el Vaticano. Por supuesto, esto es un obstáculo para nuestra causa. Pero el Gobierno tendría que evaluar, tanto histórica como políticamente, de qué lado ha estado siempre la jerarquía eclesiástica en relación con los derechos humanos. Si ellos, el Gobierno, realmente están a favor de esos derechos, no veo que esta alianza con la Iglesia Católica pueda durar en el tiempo. Y creo que pierden, porque teóricamente hay por lo menos un diez por ciento de la población que son gays, lesbianas, bisexuales y trans, que van a leer esta decisión como un hecho político importante a la hora de decidir a quién votar en las próximas elecciones. Sin contar que hay sondeos que indican que un 70 por ciento de la población está a favor de estas leyes y que un 40 por ciento cambiaría su voto de saber que un candidato vota en contra de estos derechos. Por eso creo que un gobierno que tiene como bandera los derechos humanos no puede dar la espalda a nuestra comunidad, y menos cuando hay tanto consenso social al respecto.

¿Y qué es lo que falla?

—Evidentemente, además del consenso social, hay convicción política, porque ningún diputado se ha atrevido a decir que está en contra del matrimonio. No es que se estén oponiendo por razones concretas y reales. ¡Ninguno vino a decir que estaba en contra por esto o aquello! Entonces, no se dio quórum por negociaciones con sectores poderosos y no porque se esté en contra del proyecto. Si no, hubieran venido a exponer sus argumentos. No bajan, no dan quórum, porque ni siquiera pueden venir a hablar en contra del proyecto.

El 10 de diciembre cambia el Congreso. ¿Qué panorama se abre a partir de entonces?

—Todo indica que el panorama va a complicarse porque el Congreso va a ser seguramente más conservador, por la entrada de muchos diputados del PRO. Pero eso no nos va a condicionar a la hora de volver a presentar la ley de matrimonio y tratar de que sea realidad el año que viene. Hay otros temas que también nos preocupan y que están en agenda, como una ley de identidad de género, la modificación de la ley antidiscriminatoria, y otras leyes que también tienen que salir. Y si bien es difícil que la situación actual se revierta en lo inmediato, lo que tenemos bien en claro es que hay que seguir insistiendo.

¿Y cuáles son las posibilidades de que se avance en estos temas por la vía judicial?

—Además de los recursos de amparo relacionados con el tema del matrimonio que ya están en la Corte Suprema de Justicia (uno es el que presentamos en febrero de 2007 mi pareja, Claudia Castro, y yo, y otro es el que llevan adelante Ernesto Larrese y Alejandro Vannelli), hay otros recursos de amparo que se han presentado en distintos juzgados en Capital y en otras ciudades. Ahora mismo, estamos preparando un amparo por los derechos de una menor de 7 años que es hija de una pareja de lesbianas. Y de lo que se trata, obviamente, es de reclamar para ella y para todos los hijos de parejas del mismo sexo los derechos que le son negados: a la herencia, a tener la obra social de su madre no biológica, a ser acompañada por cualquiera de sus madres en caso de enfermedad o tratamiento médico, y a que su familia sea reconocida en instituciones como la escuela, entre otros derechos.

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