Fuentes judiciales dijeron que se trata de "cuatro o cinco locales comerciales" que Rabbani presuntamente poseía en el país, y que fueron detectados a través de un entrecruzamiento de datos ordenado por el fiscal.

El pedido había sido planteado por un "actor civil" damnificado por la voladura de la AMIA, representado por el abogado Pablo Jacoby, letrado de la agrupación Memoria Activa.

Las fuentes explicaron que no se trata de bienes pertenecientes al Estado iraní sino propiedades de Rabbani "dfistribuidas en varios puntos" del país, que eludieron precisar.

El abogado Jacoby se mostró sorprendido de que "después de tanto tiempo de investigación y sólo por la decisión del fiscal Nisman se hubieran podido detectar estas propiedades".

El embargo, responde a una suerte de reaseguro económico para el caso de que los iraníes sospechados de haber participado en el atentado contra la AMIA sean condenados, además de penalmente, a resarcir a las víctimas.

No obstante, el embargo se produce en el marco del proceso penal, que en este caso -al igual que sucede, por ejemplo, en la Causa Cromañón- junto al civil se tramitan juntos.

La medida es de carácter preventivo y la eventual expropiación estará sujeta al resultado final de la causa, que investiga Nisman y el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.