Así lo afirmó en una entrevista radial en la que recordó que aspira a que este decreto "pueda ser tratado por el Parlamento" como para poder tener una ley "consensuada por todos".

El decreto elimina el tope sobre las rentas e indemnizaciones, fijados hace nueve años, y fija un piso de 180.000 pesos por el grado de incapacidad, lo que implica aumentos que van desde el 20 al 10 por ciento, según el sueldo y edad de los trabajadores damnificados.

"Hemos decidido tomar esta medida porque no podíamos seguir afectando lo que era la indemnización de los trabajadores, su reparación económica", explicó Tomada.

Según dijo, con este decreto se bajaría la "litigiosidad" porque al ser "absolutamente insatisfactorias, incluso irrisorias" las indemnizaciones, "cada trabajador que tenía un accidente terminaba recurriendo a la Justicia inmediatamente".

Recordó que "el 60 por ciento de los juicios laborales tienen que ver con accidentes y con enfermedades", y agregó que confiaba en que "con este nuevo escenario, disminuirán los juicios" y los trabajadores tendrán "una verdadera protección de las enfermedades".

Por este camino, dijo, seguramente se podrá "encontrar la solución para tener una ley consensuada por todos y que pueda ser tratada por el Parlamento".