A lo largo de prácticamente toda la jornada, dirigentes sindicales y empresarios escucharon y debatieron el proyecto del gobierno nacional para cambiar el régimen de las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART). La ronda de conversaciones se había iniciado por la mañana y se prolongó hasta entrada la noche. La cúpula de la CGT, dirigentes de la UIA y la Cámara Argentina de la Construcción, la CTA, CAME y la Cámara Argentina de Comercio pasaron por los despachos oficiales, pero entrando por separado. La Unión de ART, justamente el sector a ser controlado, también fue convocado. La decisión oficial es subir los montos indemnizatorios para las víctimas de accidentes de trabajo, que en algunos casos resultarían más que triplicados. La disputa entre las cámaras patronales y las aseguradoras es cómo se distribuirán los costos. Las primeras siguen reclamando bajar las primas de los seguros. Las ART, en tanto, se resisten a enfrentar indemnizaciones “sin techo” y una gama de enfermedades consideradas de origen laboral que se amplía respecto de las actualmente contempladas.

En el Ministerio de Trabajo aseguran que el texto del decreto “está a la firma de la Presidenta”. Lo más destacado de su contenido sería que elimina los topes a las indemnizaciones, posibilitando que, en algún caso, resulten más que triplicados respecto de los montos vigentes.

En la actualidad, las indemnizaciones se pagan de acuerdo con la tipificación del accidente, en una suma fija. La escala es de 30 mil, 60 mil o 90 mil pesos, según la gravedad y la pérdida de capacidad laboral. Las indemnizaciones máximas –por fallecimiento– estaban congeladas en 180 mil pesos. Las primeras cifras resultarían más que triplicadas. La cartera laboral estableció una relación entre la evolución salarial desde 2001 y las actuales para justificar el aumento de la escala. El incremento en las remuneraciones en ese período supera el 230 por ciento, es decir que se multiplicó por 3,3.

En cambio, según las mismas fuentes, el decreto no incluiría el listado de enfermedades consideradas de origen laboral. “Van a salir en otro decreto”, fue la respuesta que sindicalistas y empresarios recibieron de las autoridades del Gobierno, que sin embargo hicieron mención verbal de las enfermedades a las que se extendería el beneficio de la indemnización. Pubalgias, várices y hernias son algunas de las enfermedades que se incorporarán como enfermedades laborales.

El propósito de estas, como otras modificaciones que buscan adecuar el beneficio de las indemnizaciones a los reclamos de los trabajadores, es bajar el grado creciente de judicialización que está teniendo el tema de los accidentes laborales. “El 46 por ciento de las acciones judiciales que se inician es por enfermedades que no están listadas en el régimen”, señaló una fuente oficial. Dicho de otro modo: las enfermedades laborales son el origen de demandas de indemnización por accidente de trabajo mucho más importante de lo que parece. Y ante la negativa de las ART a reconocerlo, el reclamo termina en un juzgado.

El mayor atractivo que las modificaciones al régimen de riesgo de trabajo ofrecen al sector patronal es, justamente, la posibilidad de bajar la judicialización de las demandas. Desde el Gobierno se les respondió a varias cámaras –la UIA, entre ellas– que la doble vía de reclamo (administrativo y judicial) es imposible de neutralizar por decreto. Deberán conformarse con un régimen que amplíe el alcance de las indemnizaciones y desaliente, así, el reclamo judicial. Desde el Gobierno se insistió, en tanto, que en cualquier caso a la empresa siempre le queda el recurso de contratar un seguro de responsabilidad civil para afrontar las eventualidades.

Las cámaras patronales no se fueron conformes. Pidieron, además, que se rebaje el aporte que realizan como seguro de riesgo de trabajo. Recordaron que ahora pagan el 2,6 por ciento de la masa salarial, un valor que viene en ascenso, después de haber aportado entre el 1,2 y 1,4 por ciento algunos años atrás. En el Gobierno se manejaba como hipótesis llevar el aporte al 3 por ciento, es decir, moverlo en sentido contrario al reclamado por las cámaras empresarias.