Bonadío clausuró la investigación que intentaba probar si la presidenta argentina Cristina Fernández y su marido y ex presidente, Néstor Kirchner, se enriquecieron ilícitamente por "aprovechamiento privilegiada" cuando en 2008 el matrimonio compró dos millones de dólares en 2008.

El fiscal Gerardo Di Masi había solicitado la desestimación de la denuncia por "inexistencia del delito", realizada por los diputados de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, Elsa Quiroz y Patricia Bullrich en febrero.

La figura penal que eligieron los denunciantes es la del artículo 268 (1) del Código Penal que reprime al "funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo".