Con la firma de la defensora adjunta del pueblo porteño, Graciela Muñiz, el amparo aceptado por el juez Hugo R. Zuleta, tenía como objetivo impedir que la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Desarrollo Económico porteña otorgara el uso precario de una superficie aproximada de 15 manzanas ubicada en el Parque Roca a una federación de transporte para desarrollar un polo de carga y descarga de camiones, que incluía una estación de servicio, restaurantes y hotelería.

La acción de amparo solicitó “la nulidad por inconstitucionalidad” y consideró “inadmisible” que "el gobierno porteño haya avalado con el Decreto 291/10 el emprendimiento violando los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad dónde se establece expresamente que debe existir despacho previo de la comisión, aprobación inicial por la Legislatura porteña, publicación y audiencia pública. Ningún órgano de Gobierno puede conferir excepciones a este trámite y si lo hiciere estas son nulas”.

Por su parte, la resolución del magistrado establece que “teniendo en cuenta que la realización de un polo logístico consistente en una plataforma con espacio para contenedores, playa de maniobras, circulaciones y establecimiento de carga y descarga de camiones no constituye un uso que pueda considerarse complementario o conexo con la actividad principal de un parque polideportivo y que, mediante el decreto cuestionado, se dispone otorgar un permiso de uso sobre un bien de dominio público sin la previa intervención de la Legislatura (de la Ciudad de Buenos Aires) y prescindiendo asimismo, de la participación de la Corporación Buenos Aires Sur S. E.”.