Una 400 personas asistieron a la conferencia de prensa en la que Félix Díaz, líder de la comunidad toba, repasó los hechos ocurridos la semana pasada durante la represión policial. En su extenso relato, Díaz aseguró que la policía "nunca quiso negociar y estaba dispuesta a matar".

"El gobierno de la provincia de Formosa nunca nos escuchó, en los cuatro meses de protesta no se acercó ningún funcionario. Por eso pedimos que la presidenta nos escuche y resuelva esta situación. Queremos nuestras tierras. Nos dejaron sin nada y nos empujan a la indigencia", expresó Díaz, mientras varios compañeros aborígenes que lo oían lloraban sentados en sus sillas.

El dirigente aborigen también denunció que "la policía no tenía orden judicial para desalojar la ruta. El comisario me apuntó con escopeta y me dijo: 'salí de mi camino si querés vivir'. No salí porque queríamos ver la orden judicial. La policía de la provincia no tiene jurisdicción sobre la ruta".

Díaz estuvo acompañado por el dirigente de Amnistía Internacional de Argentina, Julio Montero; el titular del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo Pérez Esquivel; la integrante de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas; el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, el director del INADI, Claudio Morgado, y la diputada nacional Silvia Vázquez.

"Se margina a los pueblos originarios. Se violan sus derechos humanos sistemáticamente. Hay que pedir la renuncia del gobernador de Formosa, Gildo Insfran, y la destitución de las fuerzas policiales que participaron de este crímen", exigió Pérez Esquivel.

El Nobel de la Paz se refirió al enfrentamiento que se produjo el 23 de noviembre, cuando fuerzas policiales desalojaron de una ruta provincial y de un predio rural a la Comunidad Toba Qom, que reclama la devolución de tierras que consideran propias. "Hay que defender la vida de nuestros pueblos. Pedimos a la presidenta que intervenga aunque Insfrán sea su aliado político", señaló Pérez Esquivel.

Julio Montero, presidente de Amnistía Internacional Argentina, destacó que la organización "se involucra con las comunidades indígenas y denuncia los abusos que sufren, que son un patrón sistemático contra los pueblos aborígenes".

Verbitsky, por su parte, consideró que el "Estado tuvo un desempeño contradictorio" en el conflicto y afirmó que "el INADI acompañó desde el primer momento, pero la Genderamería Nacional hizo un dictamen a pedido de la provincia" sobre los hechos, en el que "arriesgó juicios que no le corresponden".

"Hay 5 mil hectáreas que pertenecen a la comunicad Qom, reconocidas por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en 1940 y el gobierno provincial en 1951", explicó el presidente del CELS respecto de las tierras reclamadas por la comunidad toba. "En 1978 fueron desalojados, a excepción de la parcela que ocupa la familia Celía, porque tenía vínculos con el gobierno militar. Uno de ellos fue luego designado como intendente de Laguna Blanca", relató Verbitsky.

Además, el CELS y la Defensoría General de la Nación, enviaron un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la seguridad de la comunidad toba.