A diez meses del desalojo que dejó dos muertos, un aborigen y un efectivo policial, el magistrado imputó por "instigación a cometer delitos" a Díaz, cambió la carátula del caso, e imputó al aborigen Ricardo Coyipe por "atentado contra la autoridad a mano armada, lesiones leves y lesiones graves".Mientras tanto, el oficial principal Gustavo Coronel y el oficial inspector Orlando Paredes fueron acusados como posibles autores del crimen de López.

El 23 de noviembre de 2010 manifestantes de la comunidad La Primavera, en el norte de la provincia, fueron desalojados por la policía cuando cortaban la ruta nacional 86, en cercanías de la localidad de Laguna Blanca, mientras reclamaban un predio en el que el gobierno iba a construir un centro educativo, para anexarlo a sus tierras. El juez tuvo en cuenta para la imputación las pericias balísticas realizadas por Gendarmería a los proyectiles extraídos al cuerpo de López, en las cuales se constató la similitud con los provistos por la policía provincial a sus efectivos.

Además, la jefatura de la fuerza de seguridad admitió que para el procedimiento entregó cien cartuchos calibre 12,70 a los uniformados, pero fueron devueltos 96, sin que se registraran las causas del faltante. Las autoridades policiales también señalaron a los detenidos Coronel y Paredes como los hombres que portaron ese día las armas largas con esas municiones. La pericia balística también constató que ese día fueron disparadas ambas armas, recordaron los voceros judiciales.

Al disponer las imputaciones, el juez Garzón recaratuló la causa como "homicidio". Asimismo, mantiene bajo investigación con "autores a determinar" algunos de los incidentes generados durante la represión, como el "incendio y daño" a un carpa instalada por los manifestantes.