Fuentes vinculadas a la causa, caratulada como "defraudación y lavado de dinero", ya que además del desvío de fondos se habría constatado el cambio de cheques por efectivo en distintas entidades financieras, ya suma alrededor de 50 imputados, algunos de los cuales podrían ser llamados a indagatoria a comienzos de diciembre luego de que el fiscal, Jorge Di Lello, haga llegar al juez el pedido correspondiente. Oyarbide cuenta ya con numerosos informes técnicos y peritajes, entre otros, el realizado por el Banco Central acerca de la "ruta del dinero", donde constarían los movimientos sospechosos entre las cuentas de los involucrados.

Las advertencias de la Sala I del tribunal de apelaciones fueron hechas al declarar la nulidad de una resolución de Oyarbide que rechazó levantar medidas cautelares dictadas sobre bienes y fondos de Leonardo Hubscher, Alberto Marcelo García y la empresa Eagle Security investigaciones SA. Por voto mayoritario de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah se dispuso que el juez vuelva a decidir sobre estas medidas vinculadas principalmente a "inmovilización de fondos" en cuentas bancarias, ya que las consideraron "arbitrarias". En tanto Eduardo Freiler votó en minoría por anular directamente la totalidad de la resolución donde se ordenaron las restricciones patrimoniales a todos los imputados del caso y empresas sospechadas.

Tras examinar los 99 cuerpos de la causa la Cámara instó a Oyarbide a "arbitrar los medios necesarios para circunscribir adecuadamente el objeto procesal y formular las imputaciones que correspondan permitiendo el ejercicio del derecho de defensa".