Por su parte, el diputado laborista John Spellar hizo un llamamiento al Gobierno para que presente una queja formal a Buenos Aires y a la Organización Marítima Internacional sobre lo que calificó como un acto "completamente injustificado".

Spellar, portavoz de Exteriores del principal partido de la oposición, sostuvo que los británicos están "indignados" por la decisión de las autoridades portuarias fueguinas de no permitir la entrada a los cruceros de la empresa Carnival "Adonia" y "Star Princess".

El impedimento fue decidido por las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) al aplicar la ley provincial 852, sancionada el 25 de agosto de 2011, que prohíbe la "permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia".

El titular de la DPP fueguina, Alejandro Berola, confirmó que la decisión fue tomada siguiendo "expresas instrucciones" de la gobernadora Fabiana Ríos, y admitió la existencia de un pedido por escrito realizado por excombatientes de Malvinas y sindicatos portuarios.