Además, el magistrado resolvió que Córdoba continúe en libertad, imputado en la investigación que busca determinar responsabilidades del accidente que causó 51 muertos y más de 700 heridos.

Ayer, ante el juez de la causa, Cirigliano repitió el argumento que dice que el choque en Once se produjo “por lo que dijeron las pericias: un problema humano. Debe haber pasado algo con el conductor que no lo hizo estar en sus cabales para frenar el tren. Los sistemas funcionaban”.

Si las palabras del dueño de la exconcesionaria de la línea Sarmiento estaban dentro de lo esperable, quien sorprendió fue el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, que es a la vez uno de los más importantes dirigentes de La Fraternidad, el gremio del motorman. Luna, de manera vehemente, hizo recaer la responsabilidad en el maquinista al señalar que los cuatro sistemas de freno funcionaban, que el maquinista no reportó ninguna anormalidad por radio y que otros maquinistas y guardias dijeron que todo funcionaba de la manera habitual.

Las imputaciones contra los empresarios de TBA y los funcionarios del Estado son –según explicaron en el juzgado– muy distintas. Los ejecutivos de la empresa fueron acusados por estrago –causar un gran daño y producir muertes y heridos–, asociación ilícita y administración fraudulenta. En cambio, al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi; el subsecretario de Transporte Ferroviario, Luna, y el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro, se les imputa incumplimiento de los deberes de funcionario público. La base contra estos últimos es que no ejercieron el control que debían.