En España, por segunda vez en menos de un año, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, las dos centrales mayoritarias españolas, realizarán un paro que impactará en los servicios de transportes, oficinas estatales, colegios y centros sanitarios, en contra de las medidas de los ajustes de Mariano Rajoy que dejaron al país sumido en un 25 por ciento de desempleo.

El ministro Economía español, Luis de Guindos, afirmó que el gobierno "respeta absolutamente el derecho a la huelga, pero no lo comparte", y consideró que "en estos momentos, lo que tenemos que hacer todos es intentar salir de la crisis, crear certidumbre, no incertidumbre, e intentar trabajar lo más posible en momentos difíciles como los actuales".

La huelga general es una "respuesta global" a los problemas económicos y servirá para "dar más fuerza" a la lucha del movimiento sindical europeo, según el principal sindicato portugués, la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP). "Esta huelga ibérica representa una voluntad y una disponibilidad del movimiento sindical y de los trabajadores a asociarse a la respuesta global que hay que dar a los problemas concretos y a los generales", declaró el titular del gremio, Armenio Carlos.

En su opinión, el paro es también "una señal de gran descontento y un aviso" ante el rumbo político de la UE, a la que criticó por no resolver los problemas de financiamiento de varios de sus miembros, y demandó un cambio de normativa en el Banco Central Europeo (BCE) que permita al organismo comprar deuda directa a los países con dificultades con intereses simulares a los que aplica en los préstamos a la banca europea.