El acuerdo, alcanzado el 2 de marzo de 2012, estableció una disciplina fiscal reforzada y una vigilancia más estricta dentro de la zona del euro, con la introducción de la conocida como "regla de oro", que limita el déficit estructural anual (sin incluir los gastos e ingresos de carácter cíclico) a 0,5 por ciento del PIB.

La suscripción de Finlandia el pasado 28 de diciembre permitió alcanzar el respaldo mínimo de países exigido para su entrada en vigencia a partir de este primer día de 2013. Según la agencia EFE, en un plazo de cinco años, Bruselas aspira a que este pacto deje de ser un acuerdo intergubernamental y sea incorporado al marco legal de la Unión Europea.

Más de una docena de países (España, Austria, Chipre, Alemania, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Lituania, Letonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Finlandia) ya ratificó el acuerdo, firmado por todos los Estados miembros de la UE, salvo el Reino Unido y República Checa.

Los 17 Estados miembros que forman parte del euro deben transponer en su legislación nacional la "regla de oro", paso que ya dio España en junio, bajo la pena de ser sancionado por el Tribunal de Justicia de la UE.

El pacto vincula a partir del 1 de marzo de 2013 la concesión de rescates a países a su ratificación del pacto fiscal. Los Estados miembros establecerán un mecanismo automático de corrección de los desvíos de los objetivos del déficit o del camino de consolidación, así como tener en cuenta su impacto acumulativo en la deuda.

En el caso de aquellos que sufran circunstancias excepcionales como una "severa contracción económica" podrán desviarse de esos objetivos a medio plazo.

Los gobiernos con deuda inferior a 60 por ciento del PIB podrán alcanzar un déficit estructural de hasta 1 por ciento del PIB, mientras que los que la superen deberán reducirla en una veinteava parte al año.

El rechazo al pacto de Reino Unido y República Checa llevó al resto de los Estados miembros a firmar un acuerdo, a través del procedimiento de "cooperación reforzada", que exige que un mínimo de 12 países firmen un acuerdo para su entrada en vigencia, lo que se logró hoy con la incorporación de Finlandia.