19:46 › CON CRíTICAS DE LA OPOSICIóN
Por 38 votos a favor y 28 en contra el oficialismo aprobó el dictamen de mayoría que contaba con el respaldo del Frente para la Victoria y sus aliados, con lo cual dio el primer paso para convertir la iniciativa en ley la próxima semana, en la Cámara de Diputados. El proyecto impulsado por el Ejecutivo se propone estimular la construcción, el sector inmobiliario y la producción de energía.
Las autoridades de la Cámara baja, que aguardaban la aprobación del proyecto para convocar el martes a un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto, con el propósito de emitir despacho y que la iniciativa sea tratada el miércoles en una sesión especial.
La sesión de l ajornada comenzó poco después del mediodía cuando la bancada oficialista, que conduce Miguel Pichetto, reunió el quórum necesario para habilitar el debate del proyecto que permitirá el ingreso al circuito formal de divisas no declaradas al fisco, que podrán ser utilizadas a través de tres herramientas financieras.
El proyecto autoriza al Ministerio de Economía a emitir el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico, que estarán denominados en dólares. Asimismo, autoriza al Banco Central a emitir el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) en dólares, que será endosable, como un medio de pago para cancelar obligaciones en moneda estadounidense.
El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Presupuesto, Aníbal Fernández, quien planteó que el proyecto permitirá al país "seguir en la senda del crecimiento y la generación de empleo". El legislador cuestionó además al radicalismo por oponerse a esta iniciativa, pese a haber aplicado dos regímenes de blanqueo de capitales en las gestiones de los expresidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, lo que generó un contrapunto con el jujeño Gerardo Morales y la cobista mendocina Laura Montero.
Fernández señaló que "no es la primera vez que se realiza un blanqueo" en el país y recordó que, además del aprobado por ley en 2008, se instrumentaron otros en 1987 por una ley sancionada en la gestión de Alfonsín, y por medio de un decreto en noviembre del 2001, un mes antes de la renuncia de Fernando De la Rúa, en medio de una grave crisis social y económica.
Morales se hizo cargo de la decisión adoptada en la gestión de Alfonsín "al que definió como 'su' gobierno" y dijo que era un plan de regularización de deudas. En tanto, evitó hablar del decreto dictado por el presidente del gobierno de la Alianza, Fernando de la Rúa. Montero justificó la decisión de Alfonsín en la situación que se vivía en Latinoamérica y sostuvo que "fue la década perdida" para la región. Morales afirmó que el oficialismo quiere generar "un paraíso fiscal para que se beneficien" los que no declararon miles de dólares y que la "clave es si esta ley va a ser transparente o no".
Mientras el peronista federal y exgobernador de Salta, Juan Carlos Romero, adelantó su voto negativo, el senador bonaerense por el FAP, Jaime Linares, reafirmó su rechazo a la iniciativa oficial, que se propone porque "hay una crisis en el desarrollo del modelo económico, que tiene su principal problema en la cuestión energética", y agregó que el proyecto "es peligroso porque no tiene equidad" y es "es un retroceso desde el punto de vista impositivo".
El proyecto tuvo dictamen favorable en dos extensos plenarios de comisiones a los que asistieron las principales figuras del gabinete económico nacional, así como economistas, exfuncionarios de gobiernos anteriores, especialistas en lavado de dinero y los principales responsables del sector industrial y de la construcción.
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