El acuerdo comprende a cuatro empresas que litigaron contra el país ante el CIADI (Azurix, CMS Gas, Continental Casualty y Vivendi), y una quinta (National Grid) que acudió a los tribunales de Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi-Uncitral), y la decisión fue oficializada a través de la resolución 598 del Ministerio de Economíasu publicada en el Boletín Oficial.

El acuerdo permite a la Argentina no desembolsar dinero en efectivo para cancelar la deuda, y a la vez, recibir 68 millones de dólares adicionales por parte de las empresas con la compra de bonos. Este monto es el resultado de un compromiso de inversión a través del cual suscribieron Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico, cuya operación se efectivizó.

El documento fue firmado por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, antes de partir hacia Estados Unidos para participar de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial -del que forma parte el CIADI- donde acordó una estrategia de créditos de 3 mil millones de dólares hasta 2016.

En la resolución, Lorenzino resaltó que "los acuerdos se celebraron en la Argentina, están sujetos a legislación y jurisdicción local y se cancelan con bonos domésticos", y agregó que "los acuerdos firmados implican la renuncia expresa (de las empresas) de los derechos, acciones y costas que hayan generado el proceso arbitral".

Además, las compañías aceptaron someterse a jurisdicción nacional, de acuerdo al artículo 54 del Convenio del CIADI, que establece los laudos internacionales deben ser cumplidos equiparando los laudos dictados por el tribunal internacional que funciona bajo la órbita del BM. Se trata de un cambio de posición de parte de las empresas, que antes de agosto solicitaban -y reclamaban al gobierno de Estados Unidos- que prevalezca la interpretación del artículo 53, que sostiene que "el laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso", sin más trámite de sentencia del país.