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De la Rúa no estará en el banquillo porque la Cámara Federal de Casación consideró "legítimo" y de acuerdo a la Constitución Nacional la declaración de Estado de Sitio anunciado el 19 de diciembre. Los juzgados serán exsecretario de Seguridad Enrique Mathov e integrantes de la plana mayor de la Policía Federal, por entonces a cargo del comisario Rubén Santos.

El proceso judicial está circunscripto a lo ocurrido el 20 de diciembre en torno a la Plaza de Mayo y el Congreso, calles adyacentes y en cercanías del Obelisco, donde se produjeron algunos de los ataques policiales más cruentos, como el caso de Alberto Márquez, "el caso más emblemático de la protesta social", dijo a Télam Maximiliano Medina, integrante del equipo jurídico del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las querellas.

Se espera que el debate dure más de un año, tiempo después del cual el tribunal integrado por José Martínez Sobrino, Javier Anzoátegui y Rodrigo Giménez Uriburu deberán dar un veredicto.

Uno de los puntos en discusión en el juicio, al menos para las querellas, es la legalidad del Estado de Sitio dispuesto por De la Rúa horas, antes de presentar la renuncia y abandonar el gobierno. "Nuestra imputación arranca con la ilegalidad del Estado de Sitio, que fue una medida claramente inconstitucional por lo que todas las órdenes y el operativo mismo de represión enmarcado en esa norma es ilegal", aseguró Medina, mientras que su colega Lucía de la Vega, también del CELS, explicó por qué consideran "fuera de la ley" a la última medida que tomó De la Rúa.

"Decimos que es ilegal porque lo dictó el Presidente aunque el Congreso estaba sesionando. No determinaba las garantías afectadas ni el marco espacial", indicó la abogada integrante del equipo jurídico de la organización de derechos humanos que forma parte de la querella en el juicio oral y público.