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También fueron procesados el abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, y los magistrados de la Corte de Casación Gilbert Azibert y Patrick Sassoust, estos últimos acusados de haber advertido al exmandatario cuando la Justicia había intervenido su teléfono móvil.

Para el delito de "tráfico de influencias" están previstas penas que pueden ir hasta los 10 años de prisión y 150.000 euros de multa según las circunstancias, mientras que el Código Penal contempla penas suplementarias, como la prohibición de ejercer cargos públicos.

El expresidente francés había quedado detenido ayer en el marco de la investigación preliminar para determinar si contaba con "una red de informantes" en el seno de la policía y la justicia, susceptible de advertirlo sobre el curso de las investigaciones judiciales que puedan amenazarlo.

Sarkozy dirigió el país entre 2007 y 2012 y está retirado de la política tras su fallido intento de reelección ante el socialista Francois Hollande en mayo 2012, pero desde hace semanas tanteaba la posibilidad de regresar de cara a la elección presidencial de 2017.

El lunes, la Justicia comenzó a cerrar el cerco en torno al ex jefe de Estado con la detención de su abogado y los dos magistrados. Las escuchas a Sarkozy y su entorno tuvieron lugar en el marco de otra investigación preliminar respecto de las acusaciones de financiamiento de su campaña presidencial de 2007 por parte del exlíder libio Muammar Kaddafi.