La medida propuesta por el ministro Alejandro Granados había dado marcha atrás con la decisión del gobierno provincial de inhabilitar definitivamente los calabozos de las seccionales, y de esta manera reasignar policías.

Ante esta situación, el defensor general, Omar Ozafrain, y el fiscal Marcelo Romero presentaron un habeas corpus que los jueces Guillermo Labombarda, Samuel Saraví Paz y Jorge Moya, recibieron por unanimidad y consideraron que tales calabozos "no garantizaban los estándares mínimos de habitabilidad".

Según el tribunal, "las comisarías no cuentan con la preparación y los requerimientos que exige un programa de necesidades carcelario" y "si bien podría albergar el tránsito circunstancial de detenidos, los sectores de celdas y calabozos de comisarías resultan ediliciamente inadecuados para alojar este tipo de internos por plazos extensos".

El fallo hace hincapié que el alojamiento "de procesados o condenados conlleva un sinnúmero de necesidades programáticas (celdas individuales, visitas, recreo, seguridad, tratamiento, formación, etc.) que no pueden ser desarrollados adecuadamente en los sectores donde hoy se aloja a los detenidos en comisarías".