La iniciativa contiene una serie de regulaciones de producción, precios y consumo porque en el oficialismo "no creemos en la mano invisible del mercado", según explicó el senador del FpV Pablo González, quien explicó que el objetivo de la iniciativa es "garantizar el funcionamiento transparente del mercado".

"Las pequeñas y medianas empresas que no son formadoras de precios fueron excluidas del proyecto luego de una serie de negociaciones. Sólo alcanza "al 1 por ciento de las empresas, las grandes y medianas empresas con capacidad de formación de precios", indicó.

El bloque radical votó en contra al considerar que "vulnera el orden jurídico constitucional y porque es irracional, desde el punto de vista de los incentivos para comerciantes e industriales que deseen invertir y arriesgar en el país", explicó el senador Luis Naidenoff, y consideró que la reforma "sujeta toda la actividad económica a la discrecionalidad del secretario de Comercio".

Entre los cambios introducidos en la reforma de la Ley de Abastecimiento, se tipificaron las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir la criticada discrecionalidad del Ejecutivo; se estableció el pago de una compensación "justa y oportuna" en el caso de que la autoridad de aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa, así como se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación.