El proyecto destaca que el artículo 7° de la Ley 26.994 establece que el nuevo ordenamiento legal entrará en vigencia el día 1° de enero de 2016, al cabo de un año y 3 meses desde el 1° de octubre de 2014, fecha en que la iniciativa se convirtió en ley en la respectiva sesión de la Honorable Cámara de Diputados.

En ese marco, Pichetto y Fernández expresaron que ese plazo "respondía a la valoración inicial relativa al tiempo que se estimaba apropiado para que en el mismo tuviera lugar un proceso de divulgación de la nueva legislación" y detallaron que esto no solo para "sus destinatarios en general, sino, en particular, en el ámbito de sus ejecutores de especial relevancia, constituido por los profesionales del derecho y de las ciencias económicas, y también en el de los jueces y funcionarios de los Ministerios Públicos".

Sin embargo, destacaron que "antes de la sanción definitiva del proyecto, la mayoría de los contenidos comprendidos en la nueva regulación resultaban ampliamente conocidos en los ámbitos académico y profesional del derecho; conocimiento que también se extendió a entidades y organizaciones sociales como asimismo a una incontable cantidad de personas que se interesaron en los nuevos institutos y normas de la codificación entonces propuesta".