Martes, 6 de enero de 2015 | Hoy
13:28 › ESCUCHAS ILEGALES
El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de la defensa del jefe de Gobierno porteño en el marco de la causa que lo investiga por escuchas telefónicas ilegales. El magistrado consideró "prematuro" el pedido pues debe evaluar la información que solicitó a los Estados Unidos acerca de la empresa de seguridad Ackerman Group LLC Security & Investigative Consultants, contratada por su padre Franco para investigar a su yerno, Néstor Leonardo, cuyo teléfono estuvo "pinchado" clandestinamente.
El pedido había sido realizado por los abogados Ricardo Rosental y Alejandro Pérez Chada, defensores del jefe de Gobierno y precandidato a presidente, que habían solicitado el cierre de la investigación y el sobreseimiento del líder del PRO. Casanello también rechazó el planteo de los abogados de Macri respecto a que se estaba violando la garantía de plazo razonable, por el tiempo que lleva la causa -iniciada en 2009- y refutó que "la cantidad de hechos investigados" así como la "complejidad" de la maniobra, es compatible con la "duración del proceso".
La resolución había sido firmada el 29 de diciembre, pero se conoció esta mañana, y en ella el magistrado sostuvo que "resta a la fecha contar con la respuesta plena a los interrogantes que motivaran el libramiento de la rogatoria internacional y que fueran explícitamente sindicados por la Cámara Federal". "Es menester estar a la espera de la respuesta de las autoridades norteamericanas a los fines de agotar la encuesta en ese sentido y contar con aquella prueba directa", replicó el juez al pedido de los defensores de Macri.
Se trata de una causa en la que Macri está todavía procesado (aunque de momento excluido del juicio oral y público) por las presuntas escuchas ilegales a su cuñado y por la cual Casansello realizó un pedido de informes a la empresa norteamericana vinculada con las escuchas, ordenado por la Sala I de la Cámara Federal porteña cuando confirmó el procesamiento del funcionario y que no habían sido instrumentadas al momento de ordenar el envío de los demás imputados a juicio oral.
En el exhorto se pidió a la justicia de Miami que requiera a "Ackerman Group LLC Security & Investigative Consultants" la "remisión de diferentes probanzas documentales relativas a la prestación de servicios provistos por dicha sociedad al sr. Francisco Macri y/o a la firma SIDECO AMERICANA SA". En la causa, se explicó en el exhorto, "se cuenta con dos hipótesis excluyentes". La primera concierne al "interés de Mauricio Macri en acceder a las conversaciones de Néstor Daniel Leonardo", para lo cual "habría ordenado o requerido la intromisión indebida" y, la segunda, "podría vincular esa auscultación a los servicios que, en materia de seguridad, la firma Ackerman Group habría brindado a Francisco Macri".
Antes del exhorto a Estados Unidos, la Cámara Federal porteña había confirmado la decisión de Casanello de excluir del juicio oral al jefe de gobierno porteño, procesado también por las intervenciones telefónicas ilegales a un familiar de víctima del atentado a la AMIA, Sergio Burstein, aunque elevó a juicio al exjefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, el exespía Ciro James, al exministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, y a dos jueces misioneros y sus respectivas secretarias, todos ellos acusados de integrar aquella asociación ilícita que montó la estructura para el espionaje ilegal en el seno del Gobierno de la Ciudad, cuyo eje habría sido la Metropolitana, entonces comandaba por el destituido Palacios.
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