Al concluir su visita a Vietnam, desde donde viajó a China, Maduro dijo a la televisión venezolana que la campaña en su contra se hace "con la vista gorda" del gobierno de Bogotá, al que pidió asumir su responsabilidad en la crisis por el cierre de la frontera binacional. "Desde Bogotá hay una campaña para matarme, de odio. Esto con la vista gorda del gobierno de Colombia. Es una campaña de odio para asesinar al presidente Nicolás Maduro", denunció el líder bolivariano, y agregó que pronto presentará pruebas al respecto.

Maduro pidió a Colombia asumir su responsabilidad en la crisis por el cierre de la frontera, después de que el 19 de agosto un ataque a tiros dejara tres soldados venezolanos heridos. Maduro dijo que esperaba que Juan Manuel Santos escuche el llamado que le hace Caracas y no se deje llevar por sus asesores, pues considera que ha perdido la "sensatez" y no está viendo la crisis social "gigantesca" que tiene.

En Colombia, el partido Cambio Radical, que integra la coalición de gobierno, anunció, por su parte, que le pedirá a Santos que decrete la emergencia económica para atender la crisis fronteriza. "La llegada masiva de personas expulsadas arbitrariamente por parte del gobierno de Venezuela nos debe llevar a pensar en la posibilidad de decretar el estado de emergencia económica en la zona de frontera", advirtió Rodrigo Lara.

Maduro, en cambio, dijo estar ansioso de presentar ante la Unasur las pruebas sobre la existencia de la guerra económica contra su país desde Colombia y aseguró que tiene evidencias suficientes que demuestran la "gigantesca" guerra contra la moneda venezolana, cuyas raíces radican en el contrabando, el paramilitarismo y el narcotráfico de la frontera. Añadió además que luego del cierre de la frontera han bajado a "cero" los indicadores de homicidio y secuestro en zona.

Además del cierre de la frontera, Maduro decretó un Estado de excepción en diez municipios de la región fronteriza de Táchira y desplazó más de 2000 soldados para el plan de seguridad contra los grupos armados irregulares. Las operaciones han dejado más de 1000 colombianos deportados y desplazados hacia su país, generando denuncias sobre violaciones de los derechos humanos.

Al respecto, Samper dijo en Montevideo que la Unasur propondrá algunas soluciones. Las iniciativas serán consideradas en la reunión de cancilleres que programada en principio para el jueves, aunque el encuentro está supeditado a la agenda de cada uno de los ministros.

A vez, la misión permanente de Colombia ante la OEA informará al resto de los estados miembro de "la situación humanitaria que viven los ciudadanos colombianos en Venezuela con ocasión de las recientes deportaciones generada por la forma como estos ciudadanos están siendo deportados y obligados a salir de Venezuela", según la carta de convocatoria de la reunión.

Las más recientes cifras oficiales indican que 1097 colombianos han sido deportados desde que empezó la crisis, el 19 de agosto, aunque un poco más de 6000 han cruzado la frontera a través de un río para retornar a su país y anticiparse a la deportación.

Mientras tanto, las autoridades de la ciudad de Cúcuta, donde se alojan más de 2000 colombianos deportados, declararon el estado de calamidad pública para disponer de recursos adicionales para atender la emergencia.

La crisis empezó cuando Maduro cerró por tiempo indefinido la frontera entre el estado venezolano de Táchira -para el cual decretó medidas de excepción- y el departamento colombiano de Norte de Santander, con el argumento de luchar contra al contrabando y las bandas armadas que operan en la región.