“Queremos que se trate el expediente en comisión porque esa es la manera prolija de trabajar y queremos que se respete”, dijo la presidenta del bloque del PRO, Carmen Polledo, tras la reunión de jefes parlamentarios destinada a acordar el temario a debatir en la sesión ordinaria de mañana, donde quedó excluida la iniciativa impulsada por el kirchnerismo.

En rigor, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, pidió sumar el pedido de informes al listado, pero el PRO, a través de Polledo, negó esa posibilidad, con lo cual el expediente deberá ser debatido en el ámbito de una comisión parlamentaria y no en el recinto, tal como pretendía la oposición.

“Queda claro que no nos dan una respuesta de porqué Mauricio Macri ocultó las contrataciones directas de la empresa La Usina con el Gobierno de la Ciudad”, aseguró Alegre, tras la reunión de labor parlamentaria, y agregó que “si el PRO quisiera aclarar el tema podría haber acompañado el pedido”.

La denuncia compromete a “La Usina Producciones”, una compañía fundada hace tres años, que habría sido beneficiada con al menos 170 contrataciones directas. Según el pedido de informes, “desde su creación, la empresa de Niembro y su socio, Atilio Meza, facturó al GCBA 19,5 millones de pesos, por contratación directa o al amparo del Decreto 556, modificado por el decreto 752/2010, modalidades que están previstas para la contratación de bienes y servicios esenciales sólo cuando existan razones de urgencia”.

Se trata de contrataciones por publicidad con varias organismos del Ejecutivo local, principalmente la Secretaría de Comunicación Social, e incluyen contratos para la realización de auditorías y encuestas sobre la recolección de basura, por ejemplo, para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

Alegre insistió en que el caso “es de mucha gravedad porque refiere al primer candidato de Cambiemos como diputado en la Provincia”, y sostuvo que están evaluando la posibilidad de citar a los funcionarios que están al frente de las dependencias que firmaron los contratos con La Usina, entre ellos, Pablo Clusellas, el secretario legal y técnico de la Ciudad, porque las contrataciones no fueron publicadas en el Boletín Oficial, y Edgardo Cenzón, ministro de Ambiente y Espacio Público, ante la gran cantidad de servicios que La Usina brindó a esa dependencia porteña.