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Los magistrados de 15 países que se reunieron con el papa Francisco en el marco del encuentro sobre crimen organizado -y para el que fueron convocados a la sede de la cúpula de la Iglesia Católica- elaboraron un documento de diez puntos en el que sostuvieron que “la esclavitud moderna, la trata de personas, el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico de órganos humanos son crímenes contra la humanidad y deben ser reconocidos como tales”.

“Asimismo, el crimen organizado que mira directa o indirectamente a expandir la esclavitud moderna en sus formas antes descriptas, también debe ser considerado un delito de lesa humanidad y reconocido por tal”, reclama la declaración elaborada en Roma y de la que participaron, en representación de Argentina, el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los jueces Sebastián Casanello, Ariel Lijo, Sergio Torres y María Servini entre otros.

En uno de los planteos más novedosos, los magistrados plantearon que “los bienes incautados a traficantes y criminales ya condenados deben ser utilizados para la rehabilitación y compensación de las víctimas, y para la reparación de la sociedad”.

“El delito de lavado de dinero debe ser intensamente perseguido, porque consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas como el fruto de actividades legales”, demanda la declaración de diez puntos que ayer el Pontífice firmó sobre el techo del Volkswagen Golf en el que llegó ayer al encuentro.

En otro de los puntos pidieron que “la sanción de los clientes de servicios sexuales debe constituir parte integral de la legislación para una eficaz lucha contra la esclavitud y la trata. Al igual que quien emplea a sabiendas trabajo forzado”.

El encuentro, que comenzó ayer en la sede de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano sobre trata de personas y crimen organizado, contó con el impulso de la Santa Sede y fue organizado por el legislador porteño Gustavo Vera.