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Sobreactuación o convicción. Cinismo o estupidez. Pedir disculpas al maltratador como hizo Prat-Gay se presta al psicoanálisis. Decir que en nombre de una reparación histórica a los jubilados se presenta un proyecto que puede desfinanciar al sistema de jubilaciones ronda la misma patología.

La Justicia ya había dado su veredicto. A los jubilados que estaban en la Justicia había que pagarles por decisión de la Corte. El gobierno anterior había empezado a hacerlo a 40 mil por año. En una buena decisión, el macrismo decidió hacerlo todo de un solo movimiento y lo presentó con bombos y platillos: “el primero a favor de los que menos tienen” dijeron muchos. Es cierto que podía dilatarlo, pero lo real es que había una obligación en la Justicia, igual que con la devolución del 15 por ciento de la coparticipación para las provincias. La maniobra se oscurece porque usa esta medida, que fue una mezcla de obligación y de decisión propia, para desfinanciar a los jubilados y al sistema en general. Destraba la venta de acciones del Fondo de Garantía, aumenta en cinco años la edad de las mujeres para poder pensionarse, baja las pensiones y establece una fórmula hacia la baja del cálculo de las jubilaciones. Todo eso presentado con cartelera de Hollywood: “Programa Nacional para la Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados”, falta el león de la Metro y parece Ben-Hur. La épica trae adosado un blanqueo de capitales en medio de un escándalo verdaderamente cinematográfico por las cuentas y empresas offshore de numerosos funcionarios, empezando por las del presidente Mauricio Macri.

Ponen la carucha de los jubilados para que las grandes empresas del país se saquen de encima a los directores del Estado y para que esas mismas empresas blanqueen los fondos en el exterior con los que evadieron millones de dólares en impuestos. El oficialismo dice que con los impuestos que les cobren a esos fondos blanqueados, pagarán los juicios y la actualización a los jubilados pero, en el mejor cálculo, esos capitales no alcanzan ni para empezar. Si se desfinancia el sistema estatal y se abaratan las jubilaciones, no tan a la larga se busca la vuelta de las AFJP. Es la misma historia de siempre.

En la jerga de los CEO se llama crear oportunidades de negocios. Transforman así el pago a los jubilados en una buena oportunidad para ellos. Todo tiene que ser convertido en función de este precepto. Por ejemplo: unir el tema de los jubilados con el blanqueo para voltear la causa contra las 4400 cuentas ilegales de millonarios argentinos en el HSBC de Suiza. De esta manera le abren camino a los involucrados, entre los que se cuentan grandes empresas como Cablevisión o Edesur, para que entren en esa moratoria. Y de paso limpian de culpa al ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, que también estaba denunciado. Si se cae la causa, como quiere Claudio Bonadio, se acaba la investigación sobre los evasores que tienen o tenían 4400 cuentas en el HSBC de Suiza. Siempre hay algo para ganar. El pago a los jubilados tiene toda esa cola de ventajas para los grandes empresarios. Como CEO y empresarios, la medida que más odiaron del gobierno anterior fue la desaparición del negocio millonario de las AFJP que estafaban al estado y a los jubilados, y la creación del Fondo de Garantía con las acciones que las AFJP tenían en la mayoría de las grandes empresas instaladas en Argentina. El desembarco del Estado en sus directorios fue tomado más o menos como cuando Fidel Castro declaró el comunismo en Cuba. Fue una de las medidas más populares del kirchnerismo y al mismo tiempo más odiada por estos sectores que hoy están en el gobierno. El control que hubiera podido ejercer el Estado a través de sus directores constituye, según la prédica neoliberal, el atentado más horroroso al derecho de propiedad y, más específicamente, de los más ricos. Puesto contra la pared, un rico prefiere donar antes que pagar impuestos, porque de esta forma decide el destino de ese dinero. Descree del interés común o del interés público. En esa religión, el impuesto es considerado una expropiación y cualquier intervención del Estado es autoritaria. La ley principal es la del negocio privado y desde el Estado, crear oportunidades para esos negocios.

Se supone que las disculpas de Prat- Gay a los empresarios que fundieron Aerolíneas y a los de Repsol que vaciaron YPF (varios de ellos están presos en España por estafadores) forman parte de esa coreografía de genuflexiones para seducir inversores. Tanto manierismo en un mundo de tiburones genera más desconfianza que otra cosa. Si ven plata, los tiburones vienen. Si ven agachadas como las de Prat-Gay, desconfían. El mismo presidente se cansa de dar señales como funcionario, pero como empresario va al grano. Como cuando anunció que repatriaría 18 millones de pesos que aparecieron misteriosamente en una cuenta suya en Bahamas. Entre explicaciones dudosas sobre el origen del dinero, el presidente dijo que probablemente los invertiría en Lebac. Su propio gobierno fijó intereses desproporcionados a esos bonos, que pagan más del 34 por ciento, intereses que activan la timba financiera y desalientan la actividad industrial. El mismo Macri le está diciendo al que tiene una fábrica que le conviene venderla y meter la plata en esa timba que no genera trabajo ni riqueza real. Así no hay segundo ni tercer semestre.

Tampoco se vería transparente si Macri compra los bonos inmediatamente después que él mismo les fijó intereses altísimos. No es un rumor, así lo dijo Macri. Para ellos, eso no es corrupción. A Boudou, en cambio, lo van a perseguir hasta el fin del mundo por haber acabado con las AFJP, pero las cuentas offshore, la evasión de impuestos, el lavado de dinero o la especulación con el dólar, son “prácticas comunes entre los empresarios”.

El único lavador que existe para ellos, es “el empresario kirchnerista” Lázaro Báez. En el show anticorrupción de esta semana, el macrismo atacó al juez Casanello usando personajes oscuros apalancados por algunos periodistas ídem. El diminuto fiscal Marijuan se ha convertido en galán de la pantalla chica con sus publicitados allanamientos. Pero no sumó pruebas, solamente hizo una auditoría de las propiedades de Báez. Tanto por el carácter controvertido de la denuncia, como por los personajes oscuros que la motorizan, la imputación de que Casanello fue comprado por Baez, más que afectar al juez, da la impresión de que la causa está floja de pruebas para relacionar a Cristina Kirchner, o para enterrar a Báez. Y aprietan al juez para que avance sin ellas o para encontrar una excusa que lo aparte si se niega. Se trata de una deducción lógica, más allá de que cada quien haga su valoración sobre el juez.

Otro hecho de la semana: la ofensiva contra Venezuela en la OEA. No pudo convocar la Carta Democrática porque por el mismo motivo debería haberla convocado para Brasil. Aplicársela a Venezuela, cuando hace muy pocos días, en una decisión con poco fundamento, un Congreso repleto de legisladores con causas abiertas por corrupción destituyó a la presidenta Dilma Rousseff con una acusación de tipo administrativo. La OEA y los gobiernos derechistas de la región ni se mosquearon. En Venezuela es al revés. El gobierno no acepta ser depuesto por un Congreso controlado por la oposición de derecha. En ese caso, la OEA y los gobiernos conservadores ponen el grito en el cielo. El gobierno argentino, alineado ideológicamente entre los más reaccionarios, mantuvo una actitud abierta porque la candidatura de la canciller Susana Malcorra para la ONU no puede mostrar flancos beligerantes. Como en las viejas épocas de las dictaduras, en los casos de Venezuela y Brasil, la OEA volvió a jugar como pieza de la estrategia norteamericana para la región.

Y el segundo: la marcha de “Ni una menos” en una ciudad donde los una mayoría vota a la derecha, pero le gusta posar de progre. Es una marcha multitudinaria que centra a la sociedad sobre una tragedia de horror naturalizado, cuyas raíces se van al fondo más oscuro de las relaciones humanas de una manera que puede convivir con la banalidad o con las buenas intenciones, con la progresía y hasta con el izquierdismo. Está allí y en algún momento se dispara contra una mujer. Es el resumen de todos los prejuicios y privilegios sexistas. Uno de los más comunes es la demonización de las mujeres del pueblo que luchan por sus derechos. Tienen que ser sometidas y simpáticas con el poder, como la imagen promovida de la dirigente barrial del PRO, Margarita Barrientos. Pero si son combativas, peleadoras y desafiantes y luchan por sus derechos y no por la caridad ajena, entonces son demonizadas como marimachos y matonas. El ejemplo más claro de mujer luchadora es Milagro Sala, por su vida, por su lucha y por sus logros. Un gobierno reaccionario la metió en la cárcel. Es una advertencia a las mujeres de que deben quedarse en sus casas. Hasta un dirigente de izquierda como el Perro Santillán, la criticó por supuestas acciones que él mismo practicó cuando era dirigente de los desocupados. Para un hombre ir al frente de un grupo de desaforados para disputar a los empujones y los codazos la cabeza de una marcha es una demostración de hombría. En una mujer, esa supuesta prueba de hombría la condena doblemente.

La manipulación de jueces y fiscales, el chantaje y la amenaza para quebrar a dirigentes que la rodeaban y la furiosa campaña mediática de demonización está enfocada en una mujer que desafió al poder económico y le ganó. “Cómo se atrevió esa india”. Así funcionan los golpeadores y abusadores. Una mujer no puede atreverse. Por eso, el reclamo por la libertad de Milagro Salas no puede estar ausente del Ni Una Menos.