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En una resolución contenida en casi 150 páginas, el juez federal Ariel Lijo dispuso el procesamiento del exsuperintendente de Servicios de la Salud Héctor Capaccioli, al exlegislador Sebastián Gramajo, y a los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone (viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez).

Habrían utilizado las empresas farmacéuticas Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp, que no estaban en condiciones económicas de hacer aportes para campañas electorales, para blanquear fondos de origen ilegal aún no establecido.

El juez dispuso embargos en cada caso hasta cubrir la suma de tres millones de pesos y los acusa de haber blanqueado dinero mediante aportes a la campaña electoral de 2007, que postuló a Cristina Kirchner para su segunda presidencia.

Por ahora ninguno de los imputados irá a la cárcel, pues el juez dispuso que los procesamientos, por el delito de "lavado de activos de origen delictivo", sean sin prisión preventiva.

Según Lijo, mediante ese mecanismo obtuvieron apariencia de legalidad y se pusieron en circulación fondos de origen espurio por un total de 886 mil pesos.