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El Gobierno oficializó ayer el nuevo cuadro tarifario del gas para usuarios residenciales y pymes. Las subas para los hogares están en torno al 200 por ciento promedio respecto de la tarifa plena vigente desde 2014, tal como había adelantado el ministro de Energía, Juan José Aranguren, durante la última audiencia pública. A su vez, para las pymes, que no habían sido alcanzadas por el fallo de la Corte Suprema que anuló el ajuste de abril, se anunció un aumento más gradual de 277 por ciento en promedio para las dos primeras categorías (P1 y P2) y de 369 por ciento para la más alta (P-3). Otra de las novedades es que volverán a regir topes de hasta 400 por ciento de incremento para hogares y continuará el de 500 por ciento para pymes. Esto último es para evitar que aquellos usuarios que habían eludido el aumento de 2014 al ser beneficiados por medidas de amparo o incentivos al ahorro se encuentren ahora con subas superiores al 1000 por ciento, como ocurrió a comienzos del invierno. Todas estas tarifas regirán por seis meses hasta que vuelvan a ajustarse los valores en abril, justo antes del comienzo del invierno, pues el objetivo oficial es garantizarle a las empresas un horizonte de precios crecientes alineados con la paridad de importación en dólares. Aranguren adelantó también que la semana próxima saldrá una nueva resolución que flexibilizará los criterios para acceder a la tarifa social y otra que reglamentará la ley 27.218 de Entidades de Bien Público instruyendo al Enargas para que les aplique la tarifa residencial y no la vigente para los comercios. Las cámaras que agrupan a las pequeñas empresas y las asociaciones de consumidores criticaron las subas (ver aparte).

Con el nuevo cuadro tarifario, un usuario residencial de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires con un consumo promedio de 200 m3 bimestrales (categoría R3-1) pagaba hasta ahora una tarifa que incluía un cargo fijo de 16,3 pesos, un cargo variable de 196 pesos (0,98 pesos x m3) y 15 pesos destinados a obras de infraestructura de gas. Sobre esos 227,3 pesos se calculaba el 21 por ciento de IVA, arrojando una factura bimestral de 275 pesos. Ahora ese mismo usuario pagará 60,2 pesos de cargo fijo, un cargo variable de 670 pesos (3,35 pesos x m3) y 15 pesos para infraestructura, lo que da un total de 745,2 pesos que sumado el IVA se eleva a 901,6 pesos, un 227,8 por ciento más respecto de lo que venía pagando.

Si ese usuario había sido beneficiado por un amparo judicial o había eludido el aumento de 2014 por haber ahorrado más de un 20 por ciento en su consumo, hasta ahora venía pagando 7,74 pesos de cargo fijo, 39,4 pesos de cargo variable (0,197 pesos x m3) y 15 pesos para obras de infraestructura. Lo que daba un total de 62,14 pesos que sumado el IVA redondeaba 75,2 pesos. En este caso, la aplicación de la nueva tarifa significaría un aumento de 1098 por ciento, pero para evitar que lleguen ese tipo de incrementos a los hogares, el Gobierno decidió combinar el nuevo cuadro tarifario con topes de aumento porcentual que van de 300 al 400 por ciento según la categoría de consumo. Para un R3-1, como el mencionado en el ejemplo, el tope sería de 350 por ciento. Por lo tanto, en lugar de pasar de 75,2 a 901,6 pesos, lo que significaría un aumento de 1098 por ciento, pasará de 75,2 a 338,4 pesos, un 350 por ciento de aumento.

Los topes serán de 300 por ciento de aumento para las categorías residenciales R1, R2-1, R2-2 y R2-3, de 350 por ciento para R3-1, R3-2 y R3-3 y 400 por ciento para R3-4, mientras que para comercios, pymes y hoteles seguirá en 500 por ciento.

Hasta ahora, los que venían pagando tarifas similares a las de 2001 por estar alcanzados por algún tipo de excepción no eran casos puntuales. Los hogares beneficiados por amparos judiciales son todos los de las provincias de Mendoza y San Luis más los vecinos de las localidades bonaerenses de General Pueyrredón, Balcarse, Mar Chiquita, Coronel Pringles, San Cayetano, Pehuajó, Dolores, Villa Gesell, Azul, Olavarría y Bolívar, entre otros. Además, están los que ahorraron un 20 por ciento de su consumo o más el año pasado y también lograron eludir el ajuste aplicado en 2014. A esos grupos se suman los usuarios de la Patagonia que venían pagando una tarifa promocional y a quienes a partir de ahora se les aplicará un cuadro tarifario más gradual, combinado con los topes. Esos tres grupos fueron los que durante el invierno recibieron facturas astronómicas y pusieron en jaque el tarifazo al encabezar las protestas.

En el caso específico de pymes, comercios y hoteles, el fallo de la Corte Suprema no los benefició con la anulación del tarifazo aplicado en abril, como sí lo hizo con los hogares, y las denuncias judiciales que se iniciaron luego todavía no están resueltas. Por lo tanto, el único “paliativo” vigente hasta el momento es el tope de 500 por ciento de aumento que aplicó el gobierno, el cual en muchos casos resulta insuficiente ya que las subas de hasta 500 por ciento también están siendo muy difíciles de afrontar. Ahora el Ministerio de Energía, aplicará un cuatro tarifario con aumentos más graduales, pero que no tendrá vigencia retroactiva sino que regirá desde ayer en adelante. Aranguren destacó que en el servicio general P1 y P2 el aumento promedio bajará de 689 a 277 por ciento y en la categoría P3 disminuirá de 572 a 369 por ciento, combinándose con el tope vigente de 500 por ciento para los incrementos que pudieran ser más extremos. “Consideramos que tenemos que mantener un cuadro homogéneo entre los distintos niveles de consumo, tanto residencial, comercial, GNC y usinas”, aseguró el ministro para justificar la baja. Luego aclaró que, al igual que en el caso de los residenciales, el tope de aumento busca evitar que los clientes que estaban protegidos por amparos judiciales o rebajas por ahorro ahora se enfrenten a subas astronómicas como las registradas a comienzos del invierno cuando en muchos casos superaron el 1000 por ciento. “El aumento nunca va a ser superior al 500 por ciento”, remarcó.

En el caso del Gas Natural Comprimido, la resolución 34 vigente desde abril de este año había fijado un precio del gas para las estaciones de servicio de 5,20 dólares el millón de BTU y ahora bajará a 4,08 dólares, lo que, según dijo el ministro, derivará en una rebaja de 16 por ciento para las estaciones de servicio. Por lo tanto, el precio que pagan los taxistas por el GNC también debería bajar.

Aranguren adelantó que la semana próxima flexibilizarán los criterios para acceder a la tarifa social. Los jubilados, pensionados, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos (15.120 pesos) podrán tramitarla. A su vez, para los electrodependientes se aumenta de 150 a 600 Kwh por mes la energía disponible con la tarifa social. Por último, se flexibilizará uno de los criterios de exclusión del beneficio ya que no quedarán afuera los que tengan un auto de hasta 15 años de antigüedad sino de hasta 10 años. En el caso de los clubes, el ministro informó que la semana próxima se reglamentará la ley 27.218 de Entidades de Bien Público instruyendo al Enargas para que les aplique la tarifa residencial y no la vigente para los comercios. “En aquellos casos, como en el gas, donde todavía hay una tarifa comercial que está por debajo de la residencial, lo que vamos a usar como comparación es el cuadro tarifario residencial que se corresponde con un ahorro del 15 por ciento a los efectos de que la entidad de bien público pueda tener una diferencia respecto de lo que hoy está pagando”, aseguró.