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A partir de un crítico diagnóstico sobre el presente de la UBA, un grupo de prestigiosos profesores de diversas facultades reclamó que se convocara a una asamblea universitaria y presentó una propuesta para reformar el estatuto de la casa de estudios. Los objetivos son varios: democratizar el gobierno de la universidad, evitar el clientelismo, terminar con el trabajo gratuito de los docentes y valorar las trayectorias intelectuales. Entre otros docentes e investigadores, el documento lleva las firmas de León Rozitchner, David Viñas, Horacio González, Jaime Sorín, Juan Molina y Vedia, el decano de Ingeniería, Bruno Cernuschi, y el vicedecano de Sociales, Eduardo Grüner.
Para entender la magnitud del reclamo, cabe recordar que la asamblea es la máxima instancia del gobierno de la universidad. Reúne a los 236 consejeros de profesores, graduados y alumnos de las facultades y es la única instancia con potestad para elegir o separar al rector y modificar los estatutos. La asamblea que reclaman los profesores ya debería haberse realizado. Hace un año y poco más, la asamblea que designó como rector a Guillermo Jaim Etcheverry se autoconvocó para noviembre de 2002, con el expreso mandato de debatir los estatutos. Pero el año pasado, con la sola oposición estudiantil, el Consejo Superior esquivó aquel mandato y se limitó a habilitar la recepción de proyectos para ser tratados en la futura asamblea: el plazo iba a cerrar en noviembre, pero luego se extendió hasta el fin de mayo. Para explicar la no convocatoria de la asamblea, el rector ha informado que la asesoría legal está analizando si, al abrirse un proceso de reforma del estatuto, se correrá el riesgo de tener que adecuarlo a la Ley de Educación Superior (LES), norma a la que la UBA nunca se adaptó gracias a un fallo judicial favorable.
En ese contexto, el documento presentado por los profesores se abre con un diagnóstico crítico del último año: “La vida al interior de la UBA se ha degradado aún más. Lo que parecía impensable ha sucedido: un nuevo ajuste –despidos, salarios impagos–, la consideración de disponibilidad para la mayoría de los docentes, el congelamiento de nombramientos. Esas medidas vienen a cristalizar una estructura fuertemente antidemocrática: si la mayoría de los profesores de la universidad estaban excluidos del derecho de ciudadanía, ahora también están amenazados de la exclusión salarial”. Si bien reconocen que “el rector se ha pronunciado reiteradamente contra la sumisión de la universidad a las necesidades del mercado y a los pensamientos de raíz tecnocrática”, advierten que “ha crecido el poder, dentro del gobierno de la UBA, de los administradores gubernamentales. La política deviene, con esas decisiones, una cuestión de reglamento y de presupuesto”. Luego siguen las propuestas de reforma:
- Discusión del rol de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau): “Una institución nacida para evaluar la pertinencia de que los flujos financieros lleguen a las universidades, se ha convertido en un cerrojo para el conocimiento”. Además de impugnar a la Coneau y la LES, se propone impulsar la discusión de una nueva ley universitaria.
- Ciudadanía universitaria: “En muchas facultades los concursos docentes sólo se llevan a cabo cuando se supone que su resultado afianzará mayorías políticas. Una oligarquía dirige la universidad y defiende con argucias varias su dominio. Es necesario democratizar la elección”. En esa dirección, se sugiere ampliar el derecho del voto –hoy limitado a los profesores concursados– a los interinos. Los profesores también exigen la promoción de una política de concursos y que se potencie el ingreso a la docencia de los jóvenes graduados.
- Evitar el clientelismo: Aquí se apunta a “evitar que el claustro de graduados sea terreno de una política corporativa o clientelística”, mediante el empadronamiento automático de todos los graduados y la primacía de los auxiliares docentes en este claustro.
- Reconocimiento a las trayectorias intelectuales. Los profesores reclaman la revisión de “la jubilación compulsiva” de los docentes a los 65 años, porque esa norma “priva a las facultades del aporte de profesores que pueden seguir enseñando, dirigiendo investigaciones, produciendo conocimiento”, y a la vez “supone un considerable maltrato a docentes cuya trayectoria merece una política de reconocimiento intelectual y pública”.
- El trabajo gratuito: “Es inaceptable que la universidad sostenga su funcionamiento utilizando trabajo no retribuido”. Para los profesores, “cuando este tema se plantea como una cuestión presupuestaria se pierde de vista que además de necesitar presupuesto se necesita una discusión –siempre postergada– sobre el uso de ese presupuesto, sobre qué universidad estamos forjando y qué se entiende por conocimiento”.