El conflicto por las jubilaciones forzadas de los docentes mayores de 65 años que enseñan en la Universidad de Buenos Aires sigue vigente. Si bien el Consejo Superior decidió prorrogar esta semana numerosas designaciones docentes hasta el 30 de junio (que vencían a fin de marzo), el gremio docente AGD denunció que en el listado aprobado por el gobierno de la UBA “hay detectadas algunas bajas”. En la mayoría de los casos cesanteados, se trata de docentes e investigadores de larga y acreditada trayectoria en la educación superior. En ese contexto, las autoridades y profesores de la Facultad de Ciencias Sociales dieron a conocer una declaración, tal como se resolvió en una reunión abierta a la comunidad académica, para manifestarse en contra de las cesantías que aplica la UBA, desconociendo la vigencia de la ley de jubilaciones sancionada en 2009 que prevé la continuidad de los profesores hasta los 70 años.

“Con el cese de los trabajadores de más de 65 años, el Rectorado de la UBA impugna un derecho laboral, desconoce las tareas de docencia e investigación llevadas a cabo por ellos y los castiga, sencillamente, expulsándolos de cargos legítimos”, dice el documento. El conflicto, que llegó a judicializarse en diciembre del 2011, está en manos de la jueza María José Sarmiento.

El conflicto por las cesantías comenzó cuando las autoridades de la UBA quisieron imponer el retiro forzado de 642 docentes interinos, una disposición que, según la declaración de Sociales, “resulta violatoria de los derechos humanos, humillante, y en muchos casos, priva del necesario sostén económico y de la protección de la obra social universitaria”.

Las autoridades de la UBA basan su decisión en el estatuto universitario, vigente desde 1958, que establece que los profesores cesan a los 65 años, y no les reconocen a los docentes la posibilidad de continuar ejerciendo hasta los 70, tal como establece la ley de jubilaciones que se aplica en el resto de las universidades nacionales. Desde la UBA esgrimen que la ley es “inconstitucional” y se amparan en la autonomía universitaria.

“La autonomía universitaria persigue garantizar la libertad académica; el Rectorado de la UBA la invoca para desconocer los derechos laborales consagrados en la ley vigente, razón por la cual coloca a la universidad en una situación de excepción en comparación con la totalidad de las demás universidades nacionales, que sí cumplen con la ley”, argumenta el documento de Sociales.

Desde que se generó el conflicto, los cargos de los docentes que las facultades reclaman son prorrogados cada seis meses. Lo que está en discusión son los cargos interinos (que son mayoría en la planta docente de la UBA), ya que a los profesores regulares se les admite que continúen en sus cargos hasta los 70.

“Seguimos reclamando la reincorporación de todos los docentes y exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley 26.508 que el Rectorado y el Consejo Superior se empeñan en desconocer, vulnerando derechos laborales conquistados y dejando en la calle a docentes”, sostienen dirigentes de la Conadu Histórica, al tiempo que afirman que “hay casos detectados de docentes que no figuran en los listados” de prórroga.

El conflicto está en manos de la Justicia, que debe resolver la cuestión de fondo: si la UBA debe acatar la ley o no. Las autoridades de Sociales entienden que “la apelación por parte de la UBA a una demanda de inconstitucionalidad de la Ley 26.508, cuestionando los derechos adquiridos por los docentes universitarios, niega la soberanía popular y deja a los ciudadanos a merced de los poderes fácticos”. La causa está en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de la jueza Sarmiento.

Informe: Federico Funes.