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En toda sociedad humana existe una disputa esencial en torno a los derechos. Las luchas por la libertad, la justicia o la igualdad son luchas por el reconocimiento de derechos que les corresponden a todos los que participan de una comunidad. ¿Qué son los derechos? Son las formas más estables que han encontrado los hombres y las mujeres que viven juntos de reconocerse como miembros plenos de una comunidad política. La separación de una serie de personas del ámbito de los derechos significa no solo la exclusión de la comunidad, sino también de la misma condición de humanidad.

Uno de los logros más importantes de los últimos años en la Argentina ha sido la posibilidad de comenzar a avanzar hacia el ejercicio concreto del derecho a la universidad y del derecho a la comunicación. El derecho a la universidad es el derecho de cualquier persona a ingresar en la universidad, permanecer y egresar de ella. Pero, como todo derecho, nunca es meramente individual, la existencia de derechos individuales precisa siempre derechos comunes. En efecto, el derecho a la universidad no es solamente el derecho que tiene todo individuo de acceder a los estudios superiores; es principalmente el derecho que tienen la sociedad y sus distintas organizaciones y movimientos, y los diversos sectores de la producción material y simbólica, a beneficiarse del trabajo que en ella se realiza: en sus aulas, laboratorios, talleres, investigaciones, congresos, publicaciones.

El derecho a la universidad, que es el derecho a pensar, está íntimamente relacionado con el derecho a la comunicación, que es el derecho a comunicar lo que pensamos, y que por lo menos desde el clásico opúsculo de Kant sobre la Ilustración constituye uno de los principios básicos de cualquier Estado republicano.

Estos derechos no son unos más en una serie de derechos equivalentes; son derechos humanos fundamentales, en el sentido de que fundan la condición de posibilidad para el ejercicio de otros derechos. Para usar una expresión hecha célebre por Hannah Arendt, son una especie de “derecho a tener derechos”. Para traducirlo a nuestro contexto: ¿cómo una sociedad puede enfrentar problemas como la inseguridad, la inflación, la desigualdad, la corrupción o el desarrollo, si recorta significativamente los recursos materiales y humanos de los que se nutren el sistema científico-tecnológico y el sistema universitario, y si se reducen las voces y los significados sociales al monolingüismo de los grandes medios de comunicación, que en su control autoritario de la esfera pública violenta las formas de la lengua?

Desde los antiguos griegos, entendemos que la politicidad del animal humano está dada por su capacidad para pensar y comunicar sus pensamientos. Las medidas tomadas por el nuevo gobierno en la Argentina en materia educativa y comunicacional –ajuste a la universidad pública y reconcentración de medios– expresan un desprecio no solo a la democracia y al pensamiento, sino a nuestra condición humana de la pluralidad como seres parlantes. Todos estos hechos pueden sintetizarse en el modo en que el PRO entiende la política como consenso sin conflicto. La política tiene que ver con el consenso, pero el consenso no puede ser el punto de partida sino el resultado de un arduo trabajo de negociación. Cuando el consenso opera como punto de partida, el resultado es la invisibilación de sectores sociales, cuando no su exclusión bajo diversas formas de la violencia. Las visiones consensualistas presuponen sujetos o grupos de interés ya constituidos, cuando lo que está en juego en muchos casos es precisamente la existencia de unos sujetos no reconocidos como tales. De ahí que el gesto político de PRO sea la negación de la política y su reemplazo por la oikonomia, que es un modo de gobernar el Estado y los individuos bajo el modelo de la gestión empresarial contemporánea, pero cuyas raíces teológicas debemos volver a examinar.

En el centro del derecho a la universidad y del derecho a la comunicación se encuentra el problema de la lengua, y la actualización de una vieja pregunta que va de Sarmiento a Piglia, pasando por Macedonio, Borges, Scalabrini o Jauretche, y con ellos toda la “gran tradición” de pensamiento argentino: ¿cómo constituir una lengua nacional? Esta es una pregunta que debe retomarse en un contexto de neocolonización del saber y del poder (ministros que piden perdón ante el capital extranjero por la nacionalización de bienes públicos, funcionarios formados en el exterior o en universidades privadas y ONG, agentes de la ciencia y la cultura cuya obra está escrita en inglés, conmemoraciones por la independencia junto al colonizador de ayer y de hoy), porque implica una especie de grado cero de la cuestión del Estado, la democracia y la soberanía. El Estado no es una institución monolítica, es un campo de lucha. Su cara bifronte le hace ser un dispositivo de desposesión o de restitución de la lengua, y de los sujetos con capacidad de palabra.

En el bicentenario de nuestra independencia, estas preguntas constituyen el nervio más profundo de aquello que tenemos que interrogar bajo una tesis ético-política: no hay ni va a haber soberanía política, cultural ni económica en cualquiera de sus formas sin derecho real y efectivo a la universidad y a la comunicación, que es el modo actual de institución de la soberanía de la lengua.

* Politólogo (UNAJ, UnPaz, UBA).