En una audiencia dominada por el escándalo, los campesinos que llegaron a juicio oral por la Masacre de Curuguaty fueron condenados ayer en Asunción. Rubén Villalba recibió 35 años de cárcel, considerado autor de homicidio doloso agravado, y Luis Olmedo fue sentenciado a 20 años como coautor de homicidio doloso agravado. Néstor Castro y Arnaldo Quintana –señalados coautores de homicidio– recibieron 18 años de cárcel, les revocaron la prisión domiciliaria y serán enviados a la prisión de Tacumbú. En ningún caso hubo pruebas que acreditasen de forma fehaciente responsabilidad de los campesinos en los crímenes cometidos durante el desalojo que tuvo lugar en el predio Marina Kue, el 15 de junio de 2012.

Por pararse en la primera línea y “aparentar” tranquilidad, Lucía Agüero Romero, Maria Fani Olmedo y Dolores López Peralta fueron condenadas a 6 años de prisión (tendrán arresto domiciliario) por homicidio doloso en grado de complicidad, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Adalberto Castro Benítez recibieron 4 años por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.

Al conocerse las penas, los abogados defensores adelantaron que apelarán las sentencias y consideraron que el fallo del Tribunal de Sentencia es nulo. Los letrados argumentaron que el tribunal juzgó a varios acusados por homicidio doloso consumado, pero durante el juicio fueron acusados por homicidio doloso en grado de tentativa. El colectivo movimiento 138 siguió el debate por Internet desde Buenos Aires. FM La Tribu transmitió en vivo el desarrollo de la audiencia.

–Hoy vamos a saber qué pasó en Curuguaty –disparó de entrada el juez Ramón Trinidad Zelaya.

En la sala, el presidente del tribunal quiso sacarse el peso de la decisión que había tomado con los jueces Samuel Silvero y Benito González. “Es un caso muy complejo, y ante el volumen de las pruebas que han sido discutidas y examinadas, llegamos a la conclusión que solamente leeremos la parte conclusiva”, barajó Zelaya. La lectura completa de la sentencia y los argumentos se conocerán el lunes 18 de julio, a las 11.

“Hemos llegado a este veredicto respetando todos los principios de inmediatez y oralidad, respetando nuestra Carta Magna y el código procesal penal”, continuó el juez. “Decimos esto porque, como es de público conocimiento, en torno a este juicio se crearon diversas conjeturas, valoraciones, suposiciones y tergiversaciones por diversos sectores de la sociedad”, sostuvo, y aseguró que esas opiniones crearon un ambiente de desinformación en la sociedad.

Una fila de once policías le daba la espalda al tribunal y separaba al puñado de familiares, militantes de derechos humanos y público de abogados defensores y fiscales. Otros tres agentes, impávidos, miraban hacia el estrado. Con las primeras lecturas de las penas, la sala estalló:

–¡Nadie va a salir, nadie va a salir! ¡Injusticia, injusticia! –cantaron los familiares y militantes de derechos humanos que acompañaron a los acusados.

Entonces, el tribunal ordenó un receso de diez minutos. Al retomar la audiencia, la bronca contra los jueces continuaba. Amelio Sisco, abogado defensor, se había quejado porque la audiencia no era traducida al guaraní y el juez Zelaya amenazó con apercibirlo. La secretaria del juzgado voceó finalmente la lectura de las penas. Los abogados, familiares y militantes golpeaban los bancos de la sala y cantaban: “Arriba, abajo, jueces al carajo”.

De paso por Buenos Aires, el periodista, caricaturista y compositor guaraní Mario Casartelli se acercó a FM La Tribu y conversó con Página/12. “Seguimos cometiendo la torpeza, por una suerte de humanismo, de albergar esperanzas, de que vamos a llegar a una absolución”, sostuvo el artista minutos después de conocerse el destino de los once trabajadores rurales. Y confió que, desde un principio, no estuvo de acuerdo con la palabra absolución. “Pedirla, ya de por sí, implica aceptar la legitimidad de un proceso que desde un principio estuvo plagado de irregularidades, trampas e iniquidades”, completó.

En su opinión, había que pedir la nulidad del juicio. Casartelli dijo que el fallo del tribunal es “una decisión arbitraria, yo diría demencial”, que muestra “ribetes de una inquisición correspondiente a la Edad Media, y eso que estamos en pleno siglo XXI”. El escritor cargó contra los magistrados. “No son sino jueces serviles a terratenientes, empresarios y políticos perversos”, afirmó y señaló que el proceso judicial se convirtió en “una maquinación fraguada, planificada”, en la que se prefirió condenar a inocentes para no verse obligados a juzgar a los verdaderos responsables de todo cuanto ha acontecido.

Ever Enríquez milita en la Juventud Comunista Paraguaya y en el movimiento 138. Aseguró que, con sus compañeros, entienden que, a partir de la sentencia, se cierra el proceso del golpe contra Fernando Lugo. “El sistema capitalista actúa en nombre de un Poder Judicial corrompido por demás que claramente es servil a una narcopolítica que el Estado paraguayo usufructúa en todos sus poderes”, denunció con la bronca que le atraviesa la voz.

Comentó, además, que a partir de la serie de movilizaciones que se venían dando en Paraguay, organizadas en los últimos tiempos, abrigaba una mínima esperanza en poder torcer el curso del juicio. Ni Enríquez, ni ninguno de sus compañeros y compañeras creen en el poder judicial, ni en el Estado paraguayo. Los jóvenes, dijo, “creemos en el pueblo”. “Mañana mismo vamos a estar en las calles, ahora mismo estamos en la plaza de Asunción, ahora mismo estamos acá, y vamos a seguir luchando y acompañando a estos compañeros que son presos por su ideología y por ser campesinos sin tierra”, manifestó el integrante del movimiento 138. “Un campesino sin tierra –definió Enríquez– es un campesino sin ser que no sabe ni puede ser de otra manera y que no le queda otra más que quedarse a resistir”, agregó.

Sobre la situación política, social y la resistencia en su país, el militante paraguayo advirtió que del otro lado está la muerte. “Estamos ante una pared. Como el Paraguay no es un país industrializado, la gente es expulsada por la narcopolítica sojera de sus tierras y termina parando en los cinturones de pobreza que hay en Asunción y otros miles migran a la Argentina”, afirma. Enríquez calcula que un millón y medio de paraguayos, en edad productiva y reproductiva, vive en el conurbano bonaerense. “Para que en Paraguay haya justicia social, el pueblo tiene que empoderarse y parir la libertad”, concluyó.