El martes pasado, por primera vez desde que existe la villa Rodrigo Bueno, el Gobierno porteño se comprometió a tomar una decisión respecto a la situación de sus habitantes en la audiencia realizada ante el Tribunal Superior de Justicia de la CABA. Lo novedoso es que se comprometió pero no dijo a qué. Hasta el 29 de agosto próximo, fecha en que se realizará la nueva audiencia, los habitantes de la Rodrigo Bueno no sabrán qué significa ese compromiso, si a urbanizar la villa donde viven 1200 familias, o a relocalizarlas –eufemismo gerencial del desalojo con tres meses de pensión en los bolsillos, o propuestas de planes de vivienda sin fondos, o el más sencillo de los finales, el bajo autopista–. El punto que más conflicto genera la RB, y sus habitantes lo saben, es ser vecinos de Puerto Madero y la millonaria valuación de esos terrenos. Esto garantiza de parte del GCBA la aplicación del lema “Siempre estás vos”, con la pretensión de otro lema expuesto en los hechos pero soslayado en los discursos: “...pero quiero estar yo”.

El martes pasado se realizó la audiencia convocada por la Corte porteña. Además de los jueces del tribunal, Luis Lozano, José Casás, Alicia Ruiz e Inéz Weinberg, participaron los delegados de Rodrigo Bueno, Marino Sosa, Ricardo Melgarejo, Diego González y Luis Espinoza; el titular de la Defensoría General porteña, Horacio Corti; el presidente del Instituto de la Vivienda, Pablo Roviralta; el procurador General de la CABA, Gabriel Astarloa; y representantes de la Asesoría General Tutelar y de la Fiscalía.

Al término de la audiencia, el clima emocional entre los demandantes de la urbanización podría decirse que transitaba por un tobogán esquizofrénico: fue la primera vez que le lograron arrancar al Gobierno porteño un compromiso de hacer algo en la RB, lo que no es poco, pero bajo la severa incertidumbre de cuál será el hecho al que se compromete.

La RB tiene su particularidad. Está dentro de los límites de la Reserva Ecológica, no porque sus habitantes hayan ocupado los terrenos destinados a conservar especies no humanas, sino al revés, porque la Reserva fue implantada sobre sus existencias, seis años después de que empezaran a levantar sus techitos precarios, cuando Puerto Madero tampoco existía. Que los límites de la Reserva incluyeran el asentamiento y que en la ordenanza que la creó, la 41247/86, los concejales que la aprobaron no hicieran mención de las personas que allí vivían habla a las claras del ninguneo estratégico.

Cuando los silos y construcciones de las dársenas sur dejaron de ser parte del puerto con minúscula para pasar a llamarse Puerto Madero, la valorización del terreno de la Reserva Ecológica sin contabilizar su contenido, incluidas diversas especies fitozoogeográficas y 1200 familias de personas, sufrió una multiplicación exponencial. Desde ese momento, los incendios de la Reserva, y los intentos de desalojo de la Rodrigo Bueno fueron de la mano.

El decreto 1247/05 fue soporte del proyecto inmobiliario de IRSA para levantar los Solares de Santa María, y fue la base para lanzarse al desalojo. El proyecto de los Solares incluía todos los servicios que el gobierno porteño negaba (y por ahora sigue negando) a los habitantes de la RB: apertura de calles, canales de agua con fines hidráulicos, recreativos y paisajísticos, parques, plazas, plazoletas, bulevares, paseos, emprendimientos comerciales, oficians, viviendas, deportes náuticos. Claro, no se llamarían Solares si no tuvieran redes cloacales, agua potable, electricidad, gas, recolección de basura, calles con nombres y números. Y código postal.

Un proyecto presentado por la Defensoría porteña, la Defensoría General, y los delegados de la RB promueve mover los límites de la Reserva para que la villa quede autónoma. En diciembre de 2005, para frenar el desalojo, los vecinos de la RB interpusieron una acción judicial para que sea urbanizada la villa. En 2011 la jueza Elena Liberatore ordenó al Gobierno porteño abstenerse del desalojo y ordenó la urbanización. Macri, por entonces en la CABA, apeló. La Sala II del fuero Contencioso Administrativo le dio la razón. Los vecinos apelaron y así se llegó al TSJ. En febrero pasado, el Tribunal rechazó el pedido de audiencia presentado por los vecinos. Finalmente la audiencia se realizó el martes pasado, fecha en la cual los representantes del gobierno dijeron que no habían preparado nada y se comprometieron a una propuesta en 45 días.

“Lo primero que quieren los vecinos es la urbanización –dijo Corti–, porque es el lugar donde viven desde hace 10, 20 o 30 años. Habrá que ver qué propuestas concretas hace el gobierno”.

“No sabemos qué van a traer –dijo Marino Sosa a Página/12–. Nosotros ya estamos trabajando con arquitectos en una mesa técnica. Estamos a la expectativa de si es para bien o no. Nosotros sabemos que queremos la urbanización y también que si tenemos que ir a la Corte vamos a ir”.

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