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Por Juan Carlos Pugliese (h) *

Vivimos un mundo gobernado por el valor del conocimiento en el que se están estableciendo reglas a escala global que impactan sobre los sistemas educativos y particularmente sobre la educación superior. Junto con esto, la población reclama cambios en las universidades y, al mismo tiempo que aumenta la demanda de mayor y mejor educación para todos, se observa que el Estado congela su participación en el financiamiento y que la oferta educativa se ha distanciado del mundo del trabajo regido por las nuevas tecnologías y condiciones laborales. Esto, además, se verifica en el marco del empobrecimiento de grandes sectores de la población que, a la vez que ven ahondarse la brecha económica, encuentran muy reducidas sus oportunidades educativas, lo que refuerza las posibilidades de consolidar situaciones de exclusión social y económica irreversibles. La Argentina ha tenido ventajas relativas con respecto a otras naciones de América latina en materia educativa y universitaria. La Ley 1420, por ejemplo y, por supuesto, la reforma universitaria de 1918, que produjo cambios de vastos alcances regionales, reconocidos por la Unesco en 1998.
El problema crucial en toda sociedad democrática es el de la igualdad de oportunidades para que los ciudadanos puedan realizarse como individuos útiles más allá de sus fortunas personales y familiares. En los países del llamado “Primer Mundo”, las universidades, más allá de su condición estatal o privada, dependen para su financiamiento primero de sustanciales subsidios y secundariamente del arancelamiento. Con esos subsidios, el Estado y las empresas impulsan a las universidades en su producción científica y tecnológica para promover y afianzar la modernización, las transformaciones socioculturales y la prosperidad material. Los aranceles no son significativos en el conjunto de sus presupuestos totales, valga como ejemplo el caso de la Universidad de Harvard (EE.UU.) donde el ingreso por aranceles no excede el 4 por ciento del presupuesto total. Por ello el recurrente tema del arancelamiento en el debate universitario argentino desvía el foco de atención de la cuestión sustancial: la del financiamiento que el Estado y la sociedad están dispuestos a comprometer para garantizar el normal funcionamiento y adecuado crecimiento de las instituciones universitarias que deben comprometerse con programas de reformas para mejorar su calidad y adecuar la pertinencia de sus carreras a las demandas sociales. En tal sentido, es obvio que los recursos destinados a las universidades estatales deberán provenir, como ocurre hasta ahora, del presupuesto nacional y la recaudación impositiva. Ese es el tema que debería ocupar un lugar destacado en la agenda política y social del país. En el futuro inmediato la sociedad deberá decidir cuánto de la carga impositiva que grava sus patrimonios y consumos está dispuesta a destinar a la educación en general y a la educación superior en particular y para ello tendrá que tomar en consideración que Brasil, nuestro principal socio del Mercosur, invierte anualmente sólo en una universidad –la de San Pablo– el equivalente al 90 por ciento de todo el presupuesto universitario argentino que atiende a 41 instituciones universitarias repartidas por todo el territorio nacional. Semejante desproporción evidencia el retraso presupuestario de nuestra educación superior y la suicida actitud de desentendernos del problema. Para que las universidades cambien en la dirección que reclama el momento histórico se necesita una sociedad civil que intervenga activamente en la redefinición el papel del Estado y su relación con el mercado, evitando que la lógica económica subordine y desvirtúe los fines específicamente culturales y científicos que le dan contenido académico a la educación superior. Este es el desafío del debate necesario y urgente que incluye a todos los actores e instituciones sociales con capacidad de intervención.

* Secretario de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación.