El gobierno español de Mariano Rajoy aprobó un decreto ley para suspender los de-salojos, pero la oposición se quejó de que la medida, que aún debe pasar por el Congreso, deja afuera a mucha gente, no modifica las leyes que regulan los de-sahucios ni es retroactiva. El Consejo de Ministros (reunión de gabinete) dijo en un comunicado que dio luz verde a una primera fase de medidas de protección de deudores hipotecarios para paliar la situación de las personas afectadas por los desalojos. Por una parte, se fijaron las condiciones bajo las cuales los desalojos serán paralizados durante dos años en su fase final.

Podrán beneficiarse con estas medidas los grupos más vulnerables, que el gobierno catalogó como aquellos que no superen en tres veces (1597 euros) el nivel de renta de 532 euros al mes y cuya cuota hipotecaria sobrepase el 50 por ciento de los ingresos netos. Además deberán cumplir alguno de estos requisitos: familias numerosas o con menores de tres años; unidades monoparentales con al menos dos hijos menores a su cargo (separados o divorciados); con personas que por enfermedad estén incapacitadas para trabajar o con discapacidad mayor al 33 por ciento; en hogares donde haya violencia de género, estén desempleados y hayan agotado el acceso a las prestaciones.

“Estas personas van a continuar en su casa sin costo alguno durante dos años”, señaló el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien catalogó a esta medida como un alivio muy importante. Además, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que se creará un fondo social de viviendas destinado al alquiler a precios bajos, muy razonables para personas que no tengan vivienda. No son medidas retroactivas, es decir, los que ya hayan perdido su casa, aunque cumplan los requisitos antes expuestos, no la recuperarán. Lo que sí podrán hacer, según explicó la número dos del gobierno, es acogerse a una de las viviendas de bajo alquiler. En este sentido, De Guindos detalló que las construcciones estarán compuestas por viviendas que ahora están en posesión de los bancos.

Santamaría explicó que estas son las medidas “más urgentes, más inmediatas, que hay que poner en marcha ya”, y que este decreto ley “pasará a las cortes generales (Parlamento), a un proceso de diálogo y negociación política en la que esperamos aportes de todos los grupos”. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la principal fuerza opositora, negoció tres días con técnicos del gobierno sin poder alcanzar un acuerdo respecto a las medidas sobre los desalojos y, aunque ayer dijo que aún mantiene diferencias con el gobierno, adelantó que tendrá una actitud constructiva.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, reunió a los diputados de su partido y les explicó que entre esas diferencias importantes figuran una moratoria que incluya a más familias y una reforma de la ley hipotecaria, algo que rechaza la autoridad monetaria europea. Partidos opositores más pequeños reclamaron que la medida sea retroactiva, inmediata y que las hipotecas se reconviertan en alquileres sociales.

“A quienes están desahuciando no pueden pagar una hipoteca tan abusiva como tienen. Necesitan un alquiler social”, dijo el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara. Sobre la advertencia de Bruselas de que cualquier regulación que afecte al sector financiero debe ser consultada al equipo técnico de la Comisión y el Banco Central Europeo, De Guindos explicó que “lo que se incluye hoy no afecta el procedimiento de ejecución hipotecaria”. Y agregó: “Siempre estamos en contacto con las instituciones comunitarias. No hay ninguna modificación a la ley hipotecaria”.

El gobierno remitió en la mañana de ayer un documento al PSOE, cuando ya había comenzado la reunión del Consejo de Ministros. Aunque el acuerdo entre los dos partidos no prosperó, Rubalcaba prometió que el PSOE seguirá teniendo una actitud constructiva cuando el decreto se tramite como proyecto de ley en las Cortes. Respecto de las tres diferencias importantes del PSOE

con los criterios del Ejecutivo, explicó que una de ellas es el hecho de que los socialistas defienden que la moratoria sobre desahucios debería beneficiar a todas las familias protegidas por el Código de Buenas Prácticas. Igualmente, el PSOE quiere que quede clara la obligatoriedad de ese código y también difiere con el Ejecutivo en cuanto a la profundidad de la reforma de la ley hipotecaria. En este sentido, los socialistas desean que los cambios permitan acabar con las situaciones de abuso de los bancos para que no se repitan las situaciones actuales.