El ajuste permanente

En los últimos cinco años, desde el Tequila a la fecha, se han propuesto cuatro ajustes de recorte de gastos y aumento de impuestos para cerrar la brecha fiscal. Y el que se está debatiendo en el Congreso no será el último. Semejante afirmación no es producto de una predicción de alguna tarotista o de una señal divina que ilumina el porvenir económico. Más bien responde a la debilidad que muestra la estructura de gastos e ingresos de las cuentas públicas, que mientras no se modifique su actual dinamismo condena a la economía a un ajuste permanente. El polémico proyecto impositivo y el Presupuesto del 2000 no rompe con esa lógica que favorece a los sectores más concentrados beneficiados por el modelo. Si bien la reforma tributaria no es igual a las últimas, puesto que avanza en ciertos aspectos de progresividad, esas mejoras han sido en el margen, sin tocar los privilegios del sector de más altos ingresos y de los grupos económicos.
La actual situación fiscal está dominada por una perspectiva de ajuste perpetuo. Por un lado, un déficit creciente generado por el sistema previsional, al bajarse los aportes patronales y al desviarse fondos al régimen de jubilación privada. Por otro, un incremento constante de los pagos externos. Entre 1991 y 1999 el gasto corriente (sin intereses) y los ingresos corrientes crecieron en una misma magnitud (casi se duplicaron), dejando un leve superávit primario. Pero éste resultó insuficiente para compensar el fuerte aumento de los intereses de la deuda, que subieron dos veces y media, al pasar de 3200 a 8200 millones de dólares en ese período. Entonces, todo aumento de la recaudación, limitada por la regresividad tributaria, no alcanza a cubrir el desequilibrio de las cuentas públicas provocado por el sistema previsional y los compromisos externos. Así, ese cuadro de déficit expansivo se enfrenta con la receta tradicional del ajuste permanente.
Las alternativas para esquivarlo son dos. La que eligió el equipo económico es la de apostar a un fuerte crecimiento de la economía que diluya el peso de la deuda sobre el Producto tanto como el esfuerzo fiscal por el aumento de la recaudación. El camino sería lograr tasas de crecimiento elevadas por varios años seguidos, tratando de repetir la experiencia de Estados Unidos en la década del 90. La restricción, que no es menor, es que la economía argentina no muestra signos de poder mantener un ritmo de crecimiento sostenido por su falta de competitividad y por, precisamente, la debilidad de su sector externo.
La otra vía para evitar que se repita ese mismo ajuste es modificar su orientación. Pese a los reiterados paquetes impositivos aprobados en los últimos años, la presión tributaria no ha aumentado. La recaudación total (impuestos nacionales y contribuciones al sistema de seguridad social) alcanzó un nivel máximo en 1992 cuando representó el 18,9 por ciento del PBI, y desde entonces ha fluctuado en el 17,5 por ciento. Ese nivel es uno de los más bajos detectados por el departamento fiscal del FMI, en un estudio realizado entre 41 países, ubicándose Argentina sólo por encima de India, Vietnam, Pakistán y China.
Las razones para entender por qué los sucesivos paquete impositivos no ha tenido éxito hay que encontrarlas en la deficiente tarea de la DGI que ha permitido una creciente evasión. Pero también que las reformas tributarias siempre se han concentrado en los mismos sujetos imponibles, lo que permite comprender –no justificar– la protesta de los que pagan sus impuestos, dejando islas de privilegios intactas, como la TV por cable, los medios de comunicación, la renta financiera y las ganancias extraordinarias de las empresas privatizadas. Es tan evidente la permanencia de esos beneficios impositivos en la actual reforma que bien vale el “Dime quién te apoya y te diré a quién favoreces”.